El aún importante déficit en infraestructura que existe en el país, de cerca de US$160,000 millones, es un gran incentivo para que desde el sector privado se lancen una serie de iniciativas que apunten a reducirlo, pero en los últimos dos años se percibe una cierta parálisis del Gobierno para materializar estas propuestas.

En ProInversión hay 33 Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC) que fueron admitidas a trámite por contar con los criterios de urgencia e impacto social que demandaba el Gobierno en su momento, pero que siguen en evaluación desde hace más de 15 meses.

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En el 2014 el Gobierno modificó la Ley de Asociaciones Publico Privadas (APPs) para solo recibir propuestas de proyectos de inversión a través de una ventana de oportunidad que duraría 45 días y se abriría a inicios de año.

Pero la evaluación de estas propuestas admitidas parece haberse extendido más de la cuenta, incluso, hay 12 Iniciativas Privadas que fueron presentadas hace 21 meses y dos que llevan hasta 36 meses en evaluación.

El presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) Gonzalo Prialé comentó que estos largos periodos que se toma el Estado para evaluar propuestas que ya han sido admitidas dentro de una grupo más grande, desalienta al sector privado a presentar otras iniciativas.

“En cuanto a iniciativas privadas son interminables, esto es desalentador, se presenta una propuesta, pasa el tiempo, a veces muchos meses sin noticias o noticias de ida y vuelta, hay avances, retrocesos y la cosa parece que no tuviera destino”, narró.

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Las IPC admitidas a trámite tratan de atacar el déficit en infraestructura en sectores clave. Solo 14 de las 33 son proyectos de inversión para Educación, ocho de Salud y cuatro de Transportes, aunque estos últimos son los más significativos en monto.

En los últimos dos años el Ministerio de Economía se ha mostrado mucho más conservador en la aprobación de nuevos proyectos cofinanciados con el objetivo de evitar más presiones sobre la caja fiscal hacia futuro, dado los compromisos que ya adquirió con otros grandes proyectos.

La propuesta del presidente de AFIN es que en los próximos seis meses, es decir bajo la nueva gestión, se culmine la evaluación de estos 33 proyectos y se termine de dar la declaratoria de interés de los que resulten más beneficiosos para la población.

“El Estado haría bien en decir que sectores o qué tipo de proyectos les interesa, e incluso señalar regiones de interés y sobre todo si tiene alguna idea sobre el monto cofinanciable que desearían considerar. Lo que no se puede hacer es dejar abierta la puerta y no saber cuándo se cierra”, anotó.