La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) estimó que las trabas que impiden la instalación de antenas de telefonía móvil originan que US$ 2,100 millones de inversión en el sector telecomunicaciones estén paralizados.

“Si consideramos que el costo promedio de una estación base asciende a US$ 150,000 (incluyendo las antenas, la estructura que las soporta y su instalación) existe una inversión paralizada en el sector telecomunicaciones de US$ 2,100 millones solo por este concepto”, indicó.

El gremio empresarial indicó que según estimaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para atender correctamente las necesidades actuales del sector se necesitan 14,000 antenas más.

“Dicha infraestructura no ha podido ser instalada por las empresas debido a la negativa de muchos municipios de cumplir su obligación legal de emitir los permisos correspondientes”, añadió.

“Este déficit se evidencia claramente cuando se compara la cantidad de antenas en el Perú con la existente en otros países. Dado que una antena atiende no sólo a un área geográfica sino también a un número determinado de usuarios, el número de antena por habitantes y el número de antenas por km2, son indicadores altamente relevantes”, explicó.

Según la información provista por el MTC, Chile tiene 1.38 veces el número de antenas por habitantes que Perú mientras que Estados Unidos tiene 3.23 veces el número de antenas por habitantes que Perú.

“En el caso de las antenas por kilómetro cuadrado Chile tiene 1.33 más que Perú y Estados Unidos tiene 5.5 veces más que Perú”, dijo AFIN al mismo tiempo que recalcó que las trabas que impiden la instalación de antenas generan grandes costos para la sociedad peruana.

AFIN precisó que el cálculo de US$ 2,100 millones paralizados no toma en cuenta otros impactos negativos como son la desaceleración en el crecimiento del sector o los perjuicios para los usuarios dado la restricción en la cobertura de sus servicios.

“Para la institucionalidad, resulta un mal precedente que las autoridades subnacionales puedan detener las inversiones en servicios públicos, como las telecomunicaciones, que la población necesita, cuando sus leyes orgánicas disponen todo lo contrario”, subrayó.

Precisó que desmontar una antena de telefonía móvil es tan dañino para la población como bloquear una carretera o interrumpir una línea de transmisión eléctrica.

“Cuando se restringe el acceso a la infraestructura de servicios públicos se trasgreden los derechos básicos de la población”, anotó.

Mientras aquí se observa cierta pasividad, continuó AFIN, respecto a las trabas contra la instalación de antenas, en otros países, como México y Estados Unidos, sus gobiernos han dispuesto que se brinden facilidades para la instalación de muchas más antenas en edificios, instalaciones y propiedades del Estado por razones de seguridad de la población en casos de emergencia.

“Esperamos que pronto se adopte esta sana política en el Perú”, puntualizó.