Procuradores del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas presentaron una denuncia condenando una sentencia del Tribunal Constitucional que favorecería a la empresa minera Perúbar a recibir S/ 120 millones por parte del Estado Peruano.

A mediados de año la empresa interpuso una demanda de amparo ante la jurisdicción del Callao para que se le devuelva todo el dinero que la OEFA le ha cobrado por concepto de Aporte por Regulación, el cual financia todo el macroproceso de la fiscalización ambiental, que involucra a su vez el análisis de la calidad ambiental.

“En primera instancia esta demanda en el Callao es declarada improcedente porque no sería la jurisdicción competente. En segunda instancia esta decisión por incompetencia por territorialidad es confirmada. Por lo que la compañía minera acude al Tribunal Constitucional para pedir que la demanda se analice en el Callao”, señaló la congresista Yeni Vilcatoma en Radio Exitosa.

Sin embargo, al llegar al TC no se realiza la evaluación para determinar la competencia de territorialidad en el Callao y opta por resolver el problema de fondo sin notificar previamente a los procuradores del Minam y del MEM.

“El TC ordena que se devuelva 120 millones de soles a favor de la empresa. El TC dice en un Decreto de junio del 2017, que se notificó a los involucrados, empero con la fecha posterior a la realización de la audiencia convocada y a la votación realizada. Es decir, que los procuradores se apersonan en forma posterior a la vista de la causa”, indicó.

De acuerdo con la información de los procuradores, el TC resuelve – en cumplimiento de los acordado – concederles de manera excepcional un plazo de cinco días para que revisen los actuados y de ser el caso agreguen lo que consideren pertinente para defender sus intereses “sin que ello suponga la realización de una nueva audiencia”.

Vilcatoma – que hizo pública la denuncia – cuestionó el conflicto al que aduce la empresa pues la OEFA tiene las facultades para hacer los cobros a las empresas a fin de reparar y contribuir a la preservación del medioambiente.

“Los procuradores sostienen que no han sido notificados. No les permite petición por extemporáneos. El TC les dice presente sus alegatos pero que ello suponga la realización de una nueva audiencia. Si el Estado peruano paga esta suma se crearía un precedente y todas las empresas mineras, en vez de aumentarse los controles para conservar el medioambiente van a pedir que se les devuelva el dinero que se usa para reparar los daños”, cuestionó.

En ese sentido, calculó que los montos que se debería devolver son: para el año 2014 S/ 58 millones, para el 2015 unos S/ 66 millones y para el 2016 y 2017 aún estaría pendiente establecer.

“El TC tendría que declarar la nulidad. El TC no puede ser el ámbito desde donde se transgreda las normas para perjudicar al Estado Peruano”, concluyó.