Gonzalo Tamayo, ministro de Energía y Minas, afirmó que dado los elevados montos de dinero en juego en el Gasoducto Sur Peruano, en los que estaría incluido un fideicomiso que suma al 24 de enero de este año US$ 120 millones, “pueden existir leguleyadas y acciones de interesados que busquen limitar el poder del Estado en defender a los consumidores”.

Ante lo cual, subrayó que “el Estado no es un manco y si eso ocurre, nos vamos a defender es lo que corresponde como ministro de Estado”.

En esa línea, calificó como “inaceptable” que el GSP se licite bajo las mismas condiciones, como fue licitado al consorcio liderado por Odebrecht, sin especificar los cambios que se harían al nuevo concurso.

“No hay forma que podamos cargar a los usuarios eléctricos un proyecto energético que termine encareciendo la energía eléctrica. Lo que queremos es dar seguridad de abastecimiento a cada uno de los peruanos, y ese es el objetivo”, específico durante su presentación en la comisión de Energía y Minas del parlamento.

Indicó que la nueva licitación será una “oportunidad” para concesionar, a la par, ramales de conexión que no estaban previstos en el contrato original.

“El GSP tal como estaba pensado, no estaba contemplado los ramales de conexión a las principales ciudades. Contemplaba algunos estudios de ingeniería y de impacto ambiental, pero requería la concesión de nuevos ramales, por lo tanto tenemos una oportunidad para hacerlo, probablemente, como una concesión paralela”, dijo.