REGULACIÓN. En el Perú hay cosas que nunca se aprenden. Un problema que nos hace volver recurrentemente a errores superados del pasado. Así, ha vuelto a aparecer en el debate nacional el fantasma del control de precios -un mecanismo probadamente contraproducente-. En este caso, para ser aplicado en el mercado de medicamentos.

La semana pasada tuvo dos eventos particulares. El martes, la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (Sunasa) declaró que el costo de los medicamentos es muy alto en las clínicas afiliadas a las EPS. Según la superintendente, “todos intuimos y tenemos las pruebas verídicas de que (el precio de los medicamentos) es demasiado (alto)”. Al día siguiente, la Comisión de Economía inició el debate acerca de un proyecto de ley presentado por el fujimorismo en mayo que busca “la creación de un organismo regulador de precios de medicamentos y establece principios básicos para la regulación del mercado de medicamentos del Perú”.

De pasarse este proyecto, el resultado sería sumamente contraproducente, como también explicó la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi. El control de precios no solo irrumpe la comunicación entre la oferta y la demanda, generando escasez, sino que viola la libertad contractual de los participantes, y con ella una de las principales herramientas de competencia entre las empresas, además de desincentivar el ingreso de nuevos competidores –uno de los factores que, en efecto, sí ayudaría a reducir el precio de los medicamentos-. Y a esto hay que sumarle todavía el costo de crear un organismo nuevo con toda la burocracia que ello implica.

El control de precios se puede justificar en casos de monopolios naturales; pero donde hay libre entrada de competidores lo mejor que se puede hacer para disminuir los precios generales es promover la competencia; en otras palabras, reducir los costos y trabas innecesarias de ingresar al mercado.

Uno de los argumentos detrás de la propuesta fujimorista es un supuesto “oligopolio encubierto por grandes farmacéuticas que fijan el precio de venta”. Si ese fuera el caso, entonces le corresponde a Indecopi sancionar a los concertadores de precios a través de su Comisión de Defensa de la Libre Competencia con las facultades con las que ya cuenta. No hay ninguna necesidad de ponerse creativos acá.