Reuters.- En una precaria vivienda de un pueblo andino en Perú, Sonia Ponce dice que dos de sus tres nietos no tienen fuerzas para estudiar. Según cuenta, los niños tienen contenidos de plomo en la sangre mayores a los niveles permitidos, lo que les produce cansancio y falta de concentración.
Miles de habitantes de la ciudad La Oroya han sido afectados por un complejo metalúrgico de casi un siglo de antigüedad y que cerró en el 2009, cuando no pudo completar un programa ambiental exigido por el Gobierno en medio de millonarias deudas.
“Ahora dicen que quieren venderlo, sabe Dios quién lo comprará. Será otra empresa irresponsable que no va hacer nada por el pueblo”, dijo Ponce. “No queremos que abra el complejo”.
Pero otros quieren que la planta fundidora polimetálica, ubicada al borde de un río, vuelva a operar porque es el único motor económico de la zona que, a casi 3,800 metros sobre el nivel del mar, no puede apostar a la agricultura.
La ciudad, donde la temperatura puede bajar a cero grados en las madrugadas, sobrevive del comercio y transporte porque es punto de conexión con varias zonas del centro del país.
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El tema de revivir el complejo es sensible. En el 2015 una marcha en La Oroya para pedir al Gobierno que ayude a volver operar la planta y relajara los requerimientos ambientales terminó con un muerto y 50 heridos tras choques con la policía.
Reactivar otra vez el complejo metalúrgico se ha convertido en uno de los retos del presidente Pedro Pablo Kuczysnki, que busca atraer nuevas inversiones en el sector minero porque aporta el 60% de las exportaciones del país. Se debe resaltar que Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre, plata y zinc.
El reto
Antes de asumir su mandato en julio, Kuczynski visitó La Oroya y prometió resucitar el complejo. Y en septiembre en un viaje a China el mandatario señaló que había inversionistas interesados en instalar fundidoras en Perú.
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Kuczynski busca congeniar una minería responsable con las comunidades, en un país donde al menos 200 conflictos sociales han retrasado varios proyectos en el sector, que tiene en cartera inversiones por unos US$ 46,400 millones.
La inversión minera cayó un 44% en el 2016 frente al 2015, según proyecciones oficiales, debido además a menores precios de los metales y a la desaceleración económica mundial.
Actualmente, los acreedores del complejo metalúrgico -entre ellas el Gobierno, proveedores y trabajadores de la planta – han convocado a una subasta de todos los activos de la fundidora para el 10, 19 y 27 de marzo. Si fracasa la venta, la planta que ya no es administrada por Doe Run entraría en liquidación.
Reactivar La Oroya no sería fácil
El complejo tiene US$ 650 millones en deudas y un nuevo operador tendría que invertir unos US$ 700 millones para modernizar el circuito de cobre de la planta.
“Hay interesados en esta inversión”, adelantó Pablo Peschiera, director de la firma privada Dirige, designada a través de un concurso para el proceso de venta del complejo o su liquidación.
El ejecutivo se excusó de identificar a los interesados, pero el represente de los trabajadores en el proceso de venta mencionó al menos uno: la china Greennovo, una unidad de la firma Eetac, “Se reunió con el sindicato”, dijo Luis Castillo.
“Hasta ahora cinco empresas han comprado las bases para la subasta del complejo, son inversionistas de China, Canadá y Brasil”, dijo Castillo y se excusó de ofrecer más detalles.
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Para que vuelva a operar, La Oroya tiene que modernizar su circuito de cobre y construir una planta de ácido sulfúrico, algo que la propietaria Doe Run no hizo por su cúmulo de deudas.
La enmarañada estructura de fierro con una chimenea color plomo de 167 metros de alto, está conformada por tres circuitos para transformar mineral polimetálico -típico de las minas de Perú- en 10 metales, principalmente cobre, plomo y zinc.
Peschiera agregó que el atractivo del complejo es su “posición estratégica”, porque está ubicado en una zona donde se concentra la producción de las principales minas polimetálicas del país.
Para la firma que busca un nuevo operador para La Oroya hay otras piedras en el camino. Las “exigentes” reglas ambientales podrían hacer perder su atractivo, afirmó Peschiera.
El Gobierno le ha dado al complejo La Oroya un plazo hasta el 2029 para tener un Estándar de Calidad Ambiental del aire (ECAs) de 80 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico
Peschiera dijo que Perú debería tener niveles de países comparables como Chile y Canadá, donde los ECAs se sitúan entre 250 a 300 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico.
El presidente Kuczynski ha calificado a los estándares de emisión de azufre en el país como “irrealistas” y considera que serían un obstáculo para la inversión en fundiciones, pero hasta ahora no hay visos de un cambio en esta regla de juego.
“Eso se sigue evaluando (…) todavía el gobierno no ha decidido nada sobre el tema de los estándares ambientales”, dijo al respecto el viceministro de Minas, Guillermo Shinno.
En el 2015 una primera subasta del complejo fracasó por temores de los interesados sobre los pasivos ambientales.
Herencia ambiental
La contaminación por años en La Oroya ha sido llevada a cortes internacionales. En el 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Perú evaluar y diagnosticar para realizar un tratamiento a 65 personas afectadas por plomo.
En el 2008, un grupo de abogados demandó a la estadounidense Renco Group -matriz de Doe Run que compró la fundición peruana en 1997- ante un tribunal de Missouri en Estados Unidos a nombre de 77 niños de La Oroya por presuntos daños por plomo.
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Los niños afectados en Perú tenían entre 20 y 69 microgramos de plomo por decilitro de sangre, según un estudio realizado por el Ministerio de Salud, cuando la Organización Mundial de la Salud marcaba un límite de 10 microgramos de plomo en la sangre.
Miguel Curi, padre de uno de los niños afectados, dijo que esperan una indemnización en caso de una sentencia en Missouri.
El exceso de plomo en la sangre por un largo tiempo produce en los niños anemia, diarreas, alteraciones del lenguaje y retraso en su desarrollo, según expertos en salud.
Aunque la contaminación se redujo considerablemente desde que la operación del complejo se detuvo en el 2009, los restos de metales acumulados en años aún permanecen en los suelos.
La jefa de la unidad de vigilancia y control de riesgo por metales pesados en La Oroya, Betty Oscanoa, dijo que para reducir la exposición de plomo se ha instalado una “cuna jardín” infantil, un programa de alejamiento temporal ubicado lejos de la polución de la ciudad para los niños de La Oroya .
La experta sostuvo que en un reciente estudio se identificaron a 1.500 niños con algún nivel de exposición a plomo, de los cuales 1.200 tenían un nivel por encima del valor permitido.
“Los niños están expuestos al plomo por los pasivos ambientales”, dijo Oscanoa. “No tenemos remediación de nuestros suelos, (esa es) nuestra zona de alto riesgo”, agregó.
El alcalde de La Oroya, Carlos Arredondo, afirmó que la suspensión del complejo ha tenido como consecuencia la migración de habitantes de La Oroya, que actualmente suman unos 24,000, frente a los aproximadamente 32,000 que habían hace una década.
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El funcionario dijo que la reactivación del complejo es clave para la economía de La Oroya y que si fracasa su venta como en el pasado podría provocar “una convulsión” social.
En tanto, en un poco concurrido mercado de La Oroya, una vendedora de carne de pollo oriunda de la zona reflexiona que ha aprendido con su familia a vivir junto a la planta metalúrgica.
“Tenemos una historia de 100 años viendo operar a la empresa y de una u otra forma hemos sabido convivir”, dijo Ruth Marín. “Como pobladores ansiamos que este complejo vuelva operar, pero también que se preocupe por nuestra salud”, agregó.
