Las inversiones mineras en el Perú alcanzaron los 4, 213 millones de dólares en el período de enero a julio del presente año, informó Carlos Gálvez Pinillos, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Durante su participación en la 32 Convención Minera (Perumin), dijo que dicha cifra (US$ 4,213 millones) representa una reducción de 15.6% en comparación con la inversión minera registrada en similar período del año 2014 (US$ 4,992 millones).
Explicó que en estos primeros siete meses del 2015, las empresas mineras formales que trabajan en el territorio nacional invirtieron US$ 457 millones en labores de explotación de los recursos mineros y otros US$ 265.9 millones en exploración, así como US$ 252.9 en equipamiento de plantas de beneficio.
Asimismo, informó que las compañías mineras destinaron US$ 298.7 millones para equipamiento minero y US$ 607.7 millones en obras de infraestructura; y más de US$ 2,131 millones en otros rubros vinculados a la industria minera peruana.
Gálvez Pinillos, estimó que al cierre del presente año las inversiones mineras en nuestro país se ubicarán en el orden de los US$ 8,000 millones, lo que representaría una disminución de aproximadamente 7% respecto al 2014 (US$ 8,643 millones).
“Estas cifras nos demuestran que las inversiones en el sector minero nacional han ingresado a una tendencia decreciente, pues para el año 2016 se esperan apenas US$ 5 mil millones y no tenemos a la vista proyectos mineros encaminados, a pesar que el portafolio de proyectos supera los US$ 63,000 millones”, comentó.
Para revertir esta desaceleración de las inversiones mineras, el presidente del gremio mineroenergético mencionó que como país se debe asumir el reto de poner en valor y ejecución la cartera de proyectos mineros y; en ese sentido, es importante fortalecer el liderazgo político de la administración gubernamental y dar señales inequívocas que generen mayor confianza entre los inversionistas.
De otro lado, refirió que el Estado debe focalizar su trabajo en destrabar la maraña de barreras administrativas que históricamente arrastra el país, las que impiden la continuidad de las inversiones y la puesta en marcha de nuevos proyectos, así como hacer prevalecer el Estado de Derecho frente a la violencia social que busca frenar el desarrollo del Perú.
