La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su rechazo al fallo emitido por Cuarto Juzgado Constitucional de Lima que anula el contrato de licencia para la exploración y explotación del Lote 116, el cual se firmó antes de la vigencia de la Ley de Consulta Previa y su reglamento.
“Esta decisión del Poder Judicial violenta la estabilidad jurídica y es una pésima señal para los inversionistas en circunstancias que el sector hidrocarburífero peruano afronta una seria crisis por diversos factores como la conflictividad social, la tramitología y la caída del precio del petróleo”, indicó en un comunicado.
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El gremio empresarial explicó que en el 2006 cuando se suscribió el Contrato de Licencia para la exploración y explotación del Lote 116, no era obligatorio o exigible someterlo a consulta previa.
“Con el fin de preservar la seguridad jurídica, tanto la Ley de Consulta Previa que entro en vigencia en el año 2011 y su reglamento aprobado en el 2012, disponen que los contratos suscritos con anterioridad no pueden ser dejados sin efecto por no haberse realizado el proceso de consulta previa”, subrayó.
En ese sentido, precisó que la inédita sentencia dada por el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima atenta contra las inversiones en el sector hidrocarburos y en el Perú en general; y a su vez, daña su imagen como receptor de inversiones porque ha generado inseguridad jurídica.
“Este fallo judicial se produce en un momento crítico para el sector ya que la última licitación pública relativamente exitosa se realizó en el 2010, es decir que desde hace 7 años que no se suscribe ningún contrato para exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú”, lamentó.
Recordó que en el 2016 se dieron por terminados 15 contratos, en su mayoría por conflictos sociales y problemas de tramitología; y en la actualidad sólo están vigentes 51 contratos, de los cuales más de la mitad se encuentran con obligaciones suspendidas.
La SNMPE calificó de positiva la decisión del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de Perupetro de apelar la resolución judicial que atenta contra las garantías jurídicas que ofrece el país.
Finalmente, invocó al Poder Judicial a corregir este cuestionable fallo y resolverlo conforme al marco legal vigente que regula la Consulta Previa, a fin de preservar la seguridad jurídica en el Perú.
“Adoptar decisiones alejadas a ello, traerá consecuencias negativas para el desarrollo económico y social de todos los peruanos, en especial de aquellos que viven en la zona de influencia del Lote 116”, puntualizó.