El Gobierno se ha propuesto reducir la informalidad laboral del país del 73% actual a un 48% en el 2021; lo que implica que la informalidad disminuya anualmente en 800,000 puestos por los próximos cuatro años.

Sin embargo, en el primer año del Gobierno (julio 2016-junio 2017) la informalidad no bajó, sino que aumentó: 257,000 peruanos se convirtieron en nuevos trabajadores informales.

La SNI estimó que este aumento se debe principalmente a los 220,000 jóvenes que ingresaron al mercado laboral, y que en su mayoría no encontraron una plaza de trabajo formal; y, de otro lado, a los 37,000 trabajadores que durante el último año pasaron de formales a informales, según las últimas cifras de empleo difundidas por el INEI.

Así, el nivel de informalidad se elevó de 72% a 73% en el último año. “En el Perú cada dos minutos se crea un empleo informal. La informalidad laboral ya alcanzó la cifra récord de 11.9 millones de trabajadores (urbanos y rurales), consolidándonos como uno de los países más informales del mundo”, advirtió la institución.

El gremio industrial sostuvo que para cumplir con la meta de formalidad laboral del Gobierno al 2021 (52% de la PEA ocupada), anualmente se debería crear un millón de empleos formales, los cuales provendrían de 800,000 trabajadores que salgan de la informalidad más los 200,000 jóvenes que ingresan al mercado laboral, por lo que es fundamental, como mínimo, revertir las tendencias del último año.

Causas y propuestas
La SNI afirmó que el sistema laboral peruano propicia la contratación informal, porque es más fácil y económico en comparación con lo rígido y costoso que es crear empleo formal.

En esa línea, señaló que reducir la informalidad debe ser una urgente política de Estado para la formalización laboral, la cual debe tener tres frentes: legislativo, regulatorio y judicial, responsabilidad de los tres poderes del Estado (Congreso, Gobierno y Poder Judicial), contando con los aportes del Consejo Nacional de Trabajo.

Por ello, la Sociedad Nacional de Industrias plantea cuatro medidas imprescindibles que deberían ejecutarse en el corto plazo, en el marco de la necesaria política de Estado proformalización.

Primero, en el plano judicial y del control constitucional, propone: a) flexibilizar el criterio de protección contra el despido del Tribunal Constitucional (la estabilidad laboral absoluta), el cual se aparta del mandato constitucional original y de las prácticas de los países con los que competimos, que fomentan la estabilidad relativa; y b) preservar la estabilidad jurídica de la relación trabajador-empleador, con decisiones judiciales predecibles y ajustadas a Ley.

En el plano legislativo y regulatorio, la SNI propone al Ejecutivo y al Congreso: a) formular una propuesta de reforma del régimen laboral, destinada a corregir la rigidez y lo costoso del sistema laboral actual, el cual permita incorporar a millones de peruanos a la formalidad laboral; y b) impulsar el incremento de la productividad laboral, mediante promoción de capacitación laboral, entrenamiento en el trabajo y educación dual.

“Llamamos a los tres poderes del Estado a alinear sus acciones con reformas que permitan incluir en la formalidad a los 12 millones de trabajadores que hoy no gozan de los derechos a los que solo acceden una minoría de la población”, invocó el gremio industrial.