Las reformas de alto costo político suelen emprenderse en los primeros años de un gobierno. Por ello, si en la actual legislatura que finaliza el 28 de julio no se aprueba la Ley del Servicio Civil, es probable que debamos esperar hasta después del 2016, advirtió Mayen Ugarte, coordinadora de la Facultad de Gestión Pública de la PUCP.

“Ojalá que no regrese a Comisión. Si no sale ahora una reforma tan grande que hemos esperado desde hace tantos años, es poco probable que se apruebe en los últimos años del gobierno. Sería una oportunidad perdida”, indicó en Canal N.

De no aprobarse la ley, remarcó, en los próximos cinco, seis o diez años el Estado no mejorará su eficiencia. A partir el diálogo con los líderes sindicales, acotó, se recibirán propuestas de modificación para evaluarse en el pleno.

Si bien la CGTP argumenta que el objetivo de la ley es el despido de trabajadores, la experta explica que empleado público no será desvinculado sino capacitado en caso no apruebe satisfactoriamente.

“Si el trabajador es sujeto a evaluación, la entidad tiene la obligación de formarte para tu puesto y al año siguiente te vuelvo a evaluar. Si vuelves a desaprobar recién toca el despido”, anotó.

Además, destacó, existe un sistema de garantías si el trabajador está en desacuerdo con su evaluación, que debe corresponder a las metas y los objetivos del puesto de trabajo; y que no será masiva sino a cargo del jefe inmediato.

“El servidor público está desfasado porque el Estado no invierte en sus trabajadores. El 42% que figura en CA se van entre los próximos tres y seis meses, sería absurdo invertir en ellos. Y tampoco en quienes no puedo sacar”, añadió