¿Cómo destrabar las barreras burocráticas? Fue la pregunta con la que inició su exposición Alvaro Quijandría, gerente de la Práctica Global de Competitividad y Comercio del Grupo del Banco Mundial, durante el CADE 2014. Su propuesta fue un shock facilitador donde la visión de la inversión no sea solo una transacción.
Quijandría expuso que en el Perú el tiempo invertido en lidiar con requerimientos regulatorios fue de 14.1%, mayor que el presentado en México con 13.6%, Chile con 9.9%, y Colombia con 12.9%.
Asimismo, el tiempo requerido para abrir un negocio oscila entre 20 y 40 días, pero este significó una disminución frente a los 100 días que se evidenciaba entre el 2005 y 2006.
Esta disminución se ha mantenido en línea con diversos esfuerzos de simplificación administrativa y mejora de trámites. Este año se evidenciaron: Agenda de Competitividad 2014-2018, Fortalecimiento de la CBB de Indecopi, y el Plan Nacional de Diversificación Productiva.
Según el Reporte Doing Business, las reformas registradas hasta la fecha, desde abrir un negocio con menores costos hasta eliminar los requisitos de varias aprobaciones previas a la construcción de un negocio, han generado resultados positivos.
Sin embargo, el Perú mantiene un rezago en manejo de procesos regulatorios, respecto a otros países. Nuestra economía ha crecido rápido y el marco regulatorio y procesos burocráticos no se han adecuado a la misma velocidad.
El cuadro muestra que las empresas peruanas requieren menos procedimientos para abrir un negocio, que Chile (7), pero más que Nueva Zelanda (1).
Por otro lado, Perú (14) respecto a Colombia (10) y Hong Kong (5), requiere más procedimientos para permisos de construcción, lo que representa un ahorro entre costos de licencia más costo de oportunidad de tiempo para Colombia y Hong Kong de US$ 102 millones y US$ 109 millones, respectivamente.
Puntos flojos:
Según Quijandría, nuestra política fragmentada hace más complejas las reformas y dificulta extender mejoras en trámites. Pero, sentenció que podría sostenerse en dos anclas:
Primero. El Perú debería alcanzar una mejor práctica en América Latina de trámites críticos como licencias para abrir negocios y permisos de construcción.
Segundo. El Perú debería buscar al 2021 ser miembro de la OECD, reforzando los siguientes pilares: pago de impuestos, cumplimiento de contratos, resolución de la insolvencia y manejo de permisos de construcción.
Para ello plantea una propuesta de ‘shock facilitador’ donde la tercera parte de la inversión privada debería estar enfocada en grandes proyectos de inversión con una nueva visión en la que no se base solo en una transacción.
Para ello, partirá desde una visión estratégica, atracción de inversiones, establecimiento de inversiones, institucionalizar el “after care”, retención de la inversión y encadenamientos con un marco claro y transparente.
Por su parte, las otras dos terceras partes de la inversión privada deberán estar enfocadas en un ámbito masivo, con un total de 51 propuestas específicas para procesos a lo largo del ciclo de vida de la empresa.
Por último, dijo que reanimar los “espíritus animales” de los inversionistas requiere un programa ambicioso de reformas, con metas claras y cuantificables, horizonte de tiempo preciso y liderazgo al más alto nivel: un “shock facilitador”.