(Reuters) El Senado chileno aprobó un proyecto que sanciona los delitos de colusión con penas de hasta diez años de cárcel y fija millonarias multas, en una medida que busca frenar estos ilícitos tras detectarse una serie de casos contra la libre competencia en los últimos años.
Con el despacho de esta iniciativa impulsada por el Gobierno, la justicia chilena podrá dictar presidio de al menos tres años y un día a ejecutivos de empresas que hoy, en cambio, reciben bajas multas económicas.
“Estamos aprobando un proyecto de ley que genera sanciones que van a ser ejemplificadoras en contra de aquellos que atentan contra la libre competencia y los consumidores”, declaró el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.
La aprobación de las nuevas normas ocurre en momentos en que la confianza de los consumidores hacia las empresas se ha desplomado, tras varios casos de colusión y de desvíos de dinero a campañas políticas.
En los últimos años se han detectado prácticas contra la libre competencia en los sectores avícola, farmacéutico, de supermercados y del papel higiénico, entre otros.
Las empresas que incurran en actos de colusión tendrán multas por hasta el doble de los beneficios económicos percibidos durante el período en que se extendieron sus faltas anticompetitivas.
“Aprobamos un proyecto de ley que endurece las multas de manera inédita en nuestro país para que la colusión no sea nunca más un negocio”, agregó el ministro.
La nueva ley considera agilizar los procesos de indemnización a las víctimas de estos casos, lo que estará en manos de un tribunal antimonopolios.
Entre las atenuantes destaca que un ejecutivo o empresario cumplirá presidio efectivo de un año en caso de irreprochable conducta anterior. Además, si una empresa se autodenuncia por este tipo de prácticas se eximirá de la pena de cárcel.
