Para poner en marcha un proyecto minero en el Perú, se tienen que tramitar entre 250 a 400 permisos y autorizaciones ante una diversidad de instituciones públicas, que obligan al inversionista a tener que contratar más abogados, que ingenieros para concretar ese tipo de empresas.

Así lo observó Francisco Tong, socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, que advirtió que las empresas mineras deben contratar un ejército de abogados y demorar varios años en trámites, por un excesivo control de la administración pública y rigidez en la normativa, particularmente a éste sector productivo.

Puso como ejemplo que si bien la minería consume sólo el 2% del agua, y el agro consume un 80% de ese recurso natural, a proyectos de ésta última actividad le toma mucho menos tiempo conseguir permisos, que a la minería, y tramitar esto le toma años.

En tal sentido, remarcó que no existe uniformidad en la aplicación de las normas, y más aún, existe falta de predictibilidad en los procedimientos, que son poco definidos y arbitrarios, que hacen todo un reto hacer minería en el país.

Frente a esto, se preguntó cómo el Gobierno puede pretender formalizar a los pequeños mineros, por lo que planteó cambios en los enfoques de la regulación, modificar los términos de referencia para el otorgamiento de permisos y autorizaciones, y reformar los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA).