El gobierno busca flexibilizar la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, a través de un proyecto de ley enviado al Congreso, que forma parte del paquete de medidas anunciado por el presidente Ollanta Humala para reactivar la economía peruana.

La norma eleva en principio el monto de las contrataciones que no estarán sujetas a la ley, denominadas contrataciones directas, de S/. 11,400 o tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT) hasta S/. 30,400 u ocho UIT.

Con este cambio, el monto contratado no sujeto a ley se incrementaría 25.7% a S/. 2,960 millones desde los S/. 2,350 millones, según calcula el gobierno en el mismo proyecto con cifras del 2013.

“El presupuesto público se ha incrementado, (…) lo que ha conllevado a que algunas entidades dispongan de más recursos, necesitándose realizar contrataciones de mayores montos”, sustenta.

En otro punto, la norma también establece nuevas modalidades de contratación directa en los casos de: emergencia sanitaria, servicios de publicidad, servicios de consultoría, o bienes y servicios con fines de investigación.

El proyecto sustenta que con esta medida las entidades podrán realizar un mayor número de contrataciones de manera mucho más rápida, atendiendo a las características particulares de cada necesidad.

Otra novedad que trae el proyecto es que el Estado podrá contratar directamente con gobiernos extranjeros cualquier tipo de bienes y servicios y no solo los referentes al sector Defensa.

Estado-Estado
“Se estaría dejando de lado importantes oportunidades para contratar con otro Estado un grupo de bienes y servicios , dadas las ventajas en términos de garantías y servicios adicionales que pueden obtenerse en estas contrataciones”, refiere.

Sin embargo, la norma también da más discrecionalidad a las entidad para rechazar ofertas que susciten dudas razonables respecto de su cumplimiento, pero la negativa debe encontrarse bien fundamentada y tras solicitar información al proveedor.

Un punto polémico del proyecto propone eliminar la opción de encargar los procedimientos de selección a organismos internacionales, procedimiento que ha generador una serie de cuestionamientos.“ Podrá encargarse a otras entidades, el desarrollo de la programación y planificación de la compra”.

Eliminarán requisito de fijar valor referencial

El proyecto de ley del ejecutivo elimina la obligación de establecer un valor referencial en el caso de contratación de bienes o servicios y en su lugar se exige a la entidad pública fijar un valor estimado que no deberá ser público.

“La propuesta de eliminar el valor referencial generaría un mayor valor por dinero al obligar a los proveedores a establecer sus precios sobre la base de sus costos de producción y la intensidad competitiva”, dice la norma.

Según la propuesta, bajo la actual modalidad el Estado reduce sus posibilidades de ahorro al dar a conocer de antemano el monto que está dispuesto a pagar y deja abierta la posibilidad de que los postores elaboren acuerdos para presentar ofertas económica similares.

Las entidades deberán implementar esquemas para evitar la filtración del valor estimado de la contratación, de lo contrario el ahorro sería mínimo para el gobierno.