Compromiso y voluntad política para erradicar la corrupción

Samuel Gleiser Katz
Presidente de la Cámara de Comercio de Lima

A pesar que los avances en la ciencia, la tecnología y el conocimiento han dado lugar a la modernidad y al crecimiento económico, hoy en día el fraude y la corrupción corroen los cimientos de la institucionalidad, atentando contra la democracia y el desarrollo nacional.

Esta situación se refleja en el reciente Reporte Global de Competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial, que coloca al Perú en el pilar de Institucionalidad en el puesto 105, de un total de 144 países, registrando una caída de 10 posiciones respecto al año anterior, lo cual es sumamente preocupante.

Lamentablemente, la corrupción ha ganado cada vez más espacio en la sociedad, constituyendo un fenómeno que como un cáncer intenta derruir la ética y probidad en el país.

Además del mal uso de los recursos públicos, los tentáculos de la corrupción abarcan el lavado de dinero, el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de armas, (por mencionar algunos), frenando el desarrollo y dificultando los esfuerzos para derrotar la pobreza. Asimismo, la corrupción ahuyenta la inversión y eleva los costos del proceso productivo, por lo que se genera un círculo vicioso en el que participa tanto quien exige o recibe una prebenda y como quien la entrega.

De este modo, la corrupción constituye no solo un problema moral y de degradación de la relación entre los diversos estamentos de la sociedad con el ciudadano, sino también un cáncer que corroe silenciosamente la credibilidad en las instituciones, menoscaba la gobernabilidad y las bases mismas del Estado de Derecho.

Por ello, compartimos plenamente la iniciativa del Gobierno a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, de convocar a los gremios empresariales y a la Contraloría General de la República, para trabajar juntos en la implementación de una eficaz estrategia de lucha contra este flagelo económico y social.

Un factor que lamentablemente contribuye al arraigo de la corrupción es la discrecionalidad otorgada a las autoridades y funcionarios, quienes amparados en normas engorrosas y poco específicas, imponen condiciones a los operadores. Asimismo, dicha situación asociada a la impunidad, constituye un alto costo para la productividad y competitividad del país, más aún cuando la probabilidad de su sanción es incierta. Por ello, además de la severidad de las leyes penales se requiere celeridad y eficacia del Ministerio Público en su aplicación.

Por ello, resaltamos que en el “Compromiso por la Integridad” suscrito el pasado martes 18 de setiembre, se señaló en el caso específico de las compras públicas, “la necesidad de garantizar la transparencia y la simplificación de los procesos en el sector público, como eficaces herramientas para prevenir y reducir los riesgos de la corrupción”.

Asimismo, los principales gremios empresariales del país suscribimos con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) un Memorándum de Entendimiento por la Ética y Transparencia, que constituye el compromiso voluntario de los empresarios y el ente recaudador de coordinar esfuerzos que promuevan una efectiva supervisión del cumplimiento de las normas de conducta éticas en las operaciones aduaneras.

Los empresarios estamos desde siempre empeñados en proponer iniciativas para erradicar la corrupción, porque la lucha contra la corrupción es una tarea de todos. La corrupción no solo posterga el desarrollo nacional sino que carcome los cimientos de nuestra sociedad. Debemos ser implacables frente a este flagelo.