Miguel Sánchez-moreno
“Se tiene que trabajar en la supervisión”
El hecho que hoy día el MEF esté dictando todas estas nuevas políticas sobra las APP no asegura de manera categórica que va a evitar temas de corrupción. Hay todavía que trabajar mucho en el tema de controles, de supervisión.

¿Quiénes son los encargados de supervisar todos estos megaproyectos? Cada ministerio u organismos reguladores tienen a su cargo la contratación de estos supervisores, y lo que se tendría que ver es si realmente estas empresas están teniendo la calidad y la eficiencia de su trabajo.

Si se revisa las bases de los concursos, en el caso de Ositran, en función a cada proyecto pone cierta experiencia que deben cumplir los potenciales supervisores, pero aparecen las mismas empresas de siempre.
Son siempre los mismos consultores los que están mirando estos proyectos. Y por qué no tenemos la capacidad de traer grandes consultores internacionales de categoría mundial para que venga al Perú a supervisar estos megaproyectos. Se tiene que mejorar para asegurar buenos proyectos.

Édgar Alarcón
Cinco problemas identificados por Contraloría
Los entes rectores que regulan las APP deben poner las cosas claras en cinco aspectos.

Primero. Se promocionan proyectos sin maduración o estudios. Solo para satisfacer la necesidad de un grupo, población o región.
Segundo. Limitaciones en la disponibilidad de tierras o terrenos. Se da en todas las APP, lo que genera gastos adicionales y lleva a modificaciones de contratos.

Tercero. Bases de los procesos son poco claras y no generan competencia. Las bases están direccionadas a que ganen un grupo de empresas.
Cuarto. Contratos lesivos que favorecen solo a las empresas y no al Estado. Solo los concesionarios pueden pedir adendas y no las entidades estatales.
Quinto. Calidad de las obras. Ligado al problema de supervisión, que en muchos casos las empresas están ligadas al concesionario.

Manuel Romero Caro
“Se hizo uso y abuso de los recursos públicos”
Queda claro que en las APP el aporte del sector privado es de experiencia, tecnología y el Estado apoya complementariamente con financiamiento, pero se hizo uso y abuso de esto último.

En el caso del Gasoducto Sur Peruano se pasó de un proyecto de iniciativa privada a uno prácticamente público, donde el Estado garantiza los ingresos del privado por US$ 912 millones por 34 años, a través de las tarifas eléctricas. De un momento a otro le echamos al Estado una carga fiscal tremenda.

José Gallardo
“Desde el 2015 se nota una reacción del Estado”
Así como el sector privado produce lo que cree que es factible hacer y cree que lo va a hacer bien, el sector público tiene que tener también el estándar de hacer bien las cosas.

Desde el año 2015 se nota una reacción en el Estado. La Ley 1012 es una pieza normativa clave, porque convierte al MEF en el actor clave en el tema de las APP.

En el 2014 se dieron las últimas grandes concesiones, como el Gasoducto Sur Peruano, la Línea 2 del Metro o el aeropuerto de Chinchero. Este impulso se detiene porque el Estado se da cuenta de que tiene que hacer algunos ajustes.
La idea es que la infraestructura no debe ser el punto de partida de las cosas, sino que es un insumo, una necesidad. Se tiene que ver las necesidades de la región y luego regresar hacia la infraestructura, y en esas necesidades la visión de diversificación productiva es clave.