El impacto de la ley que permite que los afiliados de 65 años a las AFP puedan retirar hasta el 95.5% de sus aportes dependerá de las decisiones que efectivamente tomen los afiliados y/o jubilados, sin embargo, difícilmente esta medida puede considerarse como reactivadora de la economía, advirtió hoy Marcel Ramírez, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima.
Indicó que existen dos factores en los que basa su teoría y el primero es el grado efectivo de retiro de esos fondos, es decir el monto efectivamente retirado.
A esto se suma un segundo factor que es saber cuál será el destino de dichos fondos, ya que diferente es que se empleen para pagar deudas a que se utilice para invertir en algún emprendimiento.
“Si se invierten en algún emprendimiento, de igual forma dependerá de la natural incertidumbre de los negocios, considerando que cada persona tendrá (in)capacidades diferentes para los negocios. En realidad nada quita al Estado su rol de resolver los obstáculos para lograr una efectiva y sostenible reactivación de la economía”, subrayó.
Indicó que todo cambio normativo en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) debería traducir su éxito en que los jubilados puedan acceder a mejores pensiones durante el mayor tiempo posible.
“Se esperaría que las entidades financieras y de seguros en general puedan ofrecer no sólo información clara de opciones de inversiones sino también nuevos instrumentos de inversión que permitan a los jubilados lograr una mejor pensión; la mayor competencia promovería mayor eficiencia en el mercado al ofrecerse mejores opciones para rentabilizar dichos fondos y generar rentas vitalicias, manteniéndose el espíritu pensionario que tienen dichos fondos”, dijo.
Sin embargo, consideró “innegable” que existe el riesgo que los fondos sean malgastados afectando seriamente el futuro de los jubilados, esta situación deberá ser debidamente monitoreada por las autoridades.
El especialista mencionó que en este caso la experiencia de países vecinos como Chile y Colombia podría sernos útil.
“En el caso de Chile y Colombia, por ejemplo, cuentan con un esquema no contributivo (“pilar solidario” en Chile) que lo que busca es asegurar en cierta medida una protección social a toda la población, especialmente a quienes no han podido cotizar a un régimen de pensiones o este ha sido insuficiente, buscando prevenir o aliviar la pobreza. Este se financia con recursos del Tesoro Público”, afirmó.
Otro aspecto a considerar, continuó Ramírez, es el impulso que existe en Chile al aporte voluntario representando un 9% de aportantes al sistema, especialmente debido a incentivos tributarios.
“En ambos países el empleador y el Estado participan en los aportes de los afiliados al SPP, situación que no sucede en el Perú”, enfatizó.
Además señaló que la mayor debilidad de un régimen de pensiones como el diseñado en el Perú es el elevado nivel de informalidad laboral que se tiene, a esto se agrega que el bono demográfico irá terminando y la población seguirá un patrón de envejecimiento mayor generando presión sobre los servicios del Estado.
“Una reforma pensionaria debe orientarse a viabilizar una cobertura de protección social básica para toda la población y no generar desincentivos a la formalización laboral, promoviendo los aportes voluntarios, focalizando incentivos en segmentos más vulnerables como los trabajadores de micro y pequeñas empresas y quienes participan intermitentemente en el empleo formal. Existen fallas de mercado que requieren el empleo de instrumentos de política más focalizados distinguiendo las diferentes características y condiciones del empleo en nuestra economía”, finalizó.
