Patricia Benavente renunció a la presidencia de Ositran, tras emitir el viernes un voto discordante en la evaluación del proyecto de adenda para el Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco).

También renunciaron el gerente general, Obed Chuquihuayta, y el gerente legal del organismo regulador.

Como se recuerda, el regulador emitió una opinión favorable respecto al proyecto de la modificación del contrato (con votos de los directores Antonio Balbuena y Alfredo Dammert, este último nombrado durante este Gobierno), pero teniendo a la presidenta en contra.

Además, Benavente deja su puesto enfrentada a otra controversia. Mientras un sector del Gobierno decía que su mandato culminaba en febrero de este año, otros opinaban que terminaba aún en setiembre del 2017.

Chinchero
El aeropuerto, dado en concesión al consorcio Kuntur Wasi, todavía es una promesa incumplida. Si bien ya se planea el movimiento de tierras para la obra, la firma de la adenda espera.

En esa línea, Gestión supo que los comentarios favorables de parte de Ositran al proyecto de Adenda N°1 estuvieron sobre la base, principalmente, de argumentos políticos y no técnicos.

En la opinión técnica no vinculante del regulador, que se dio a conocer durante las reuniones de evaluación conjunta (con los ministerios de Economía y Transportes), se habría resaltado la importancia del aeropuerto para el desarrollo de Cusco cuando la discusión era si esta adenda está dentro del marco del contrato de concesión, de las bases y la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP).

Tal es así que incluso en el documento que explica los argumentos de los dos directores que votaron a favor se señala que el nuevo compromiso que asume el Estado (pasaría de 29% de compromiso a 81% en el proyecto) no representaría un riesgo para el país.

“La reasignación de riesgos que implicaría el cambio de esquema de pago incluyendo el adelanto, en sí misma no es perjudicial para el concedente”, anota.

Esta sería la primera vez que el Consejo Directivo del regulador da un voto que no coincide con su equipo técnico. Ya este equipo técnico había advertido, por ejemplo, los riesgos que implicaba el nuevo compromiso, resaltando que no está prohibido cambiar el contrato, pero no se puede afectar la matriz de riesgo.

Entonces, cómo el concedente pasó a asumir el 80% del compromiso de financiamiento del proyecto Chinchero. Según declaraciones del mismo ministro de Transportes, el Gobierno asumirá los US$ 265 millones para la construcción del aeropuerto.

Según se supo, siempre va a ser más barato que el Estado tome la deuda porque es deuda soberana. No obstante, el costo de oportunidad del dinero público es muy alto. Aún en los casos en que el Estado pone cofinanciamiento, el concesionario consigue el financiamiento en el mercado de capitales, trascendió.

Asimismo, el Gobierno se habría comprometido a dar un adelanto de US$ 40 millones al concesionario para el inicio de las obras. El documento de los dos directores, incluso, explica que el Estado debe evaluar y determinar que el adelanto resulte el necesario y suficiente para cumplir con su finalidad y evitar que el mismo se destine para otra finalidad.

Aún así, se conoció que 53 de los 60 meses en que se va a ir pagando este monto hay exceso de liquidez.

El inicio de todo
Kuntur Wasi habría alegado tener una discrepancia con el Ministerio de Transportes (MTC) y por eso solicitó que se firme una adenda, según se supo. Sin embargo, la ley de APP indica que en los tres primeros años no está permitido, a menos que lo solicite un acreedor.

Así es como aparece Goldman Sachs, el acreedor que alegó que el contrato no era bancable.