La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) informó hoy que actualmente la normativa para la renovación de los plazos de concesión en telecomunicaciones, la cual debería basarse en el desempeño general de la empresa concesionaria, se concentra únicamente en los aspectos negativos.

Según un análisis realizado por el gremio empresarial, un componente importante para la renovación de las concesiones es la ponderación de las sanciones impuestas a la empresa concesionaria, que restan días o hasta meses al plazo de renovación.

“Es decir, actualmente no se reconocen los buenos comportamientos ni las inversiones extraordinarias que los concesionarios realizan en beneficio del desarrollo del sector, del país y de los usuarios”, señaló.

Agregó que al reducirse los plazos de renovación de concesiones de telecomunicaciones, en base a las sanciones, se produce una doble penalización.

“De manera adicional al pago de la multa por la sanción administrativa, las empresas reciben una segunda sanción que será la reducción en el plazo. Por ejemplo, la imposición de una infracción calificada como muy grave involucraría aproximadamente dos meses menos en el plazo de concesión. Así, a mayor cantidad de multas, menor plazo de renovación”, explicó.

En ese sentido, manifestó que este escenario constituye un “durísimo golpe” para las empresas operadoras.

“El menor tiempo de renovación de la concesión, que puede ser de varios años menos, configura un lucro cesante enorme, que supera varias veces el impacto directo inicial de la multa pagada por la sanción original”, subrayó.

La AFIN puntualizó que esta política no se aplica internacionalmente, ni tampoco se aplica en la estructura regulatoria de otros servicios públicos con participación privada, como la electricidad, el gas o la infraestructura de transporte, por lo que se puede afirmar que en el Perú ocurre una “regulación discriminatoria” de los servicios de telecomunicaciones.

“Es necesario que se generen incentivos adecuados para que el sector privado realice y concentre sus esfuerzos en la inversión, así como también la aplicación de políticas regulatorias que prioricen la prevención y corrección de fallas en la prestación de los servicios, de manera más eficiente y rápida”, afirmó.

Por ello consideró importante que se corrija esta ponderación del “mal comportamiento” del inversionista, y considerar el “esfuerzo de inversión” que las empresas concesionarias realizan pese a las trabas administrativas existentes.

Para AFIN, las inversiones en telecomunicaciones, en todo el mundo, son inversiones a largo plazo y por ello requieren de certidumbre en el horizonte de retorno de las mismas.

“Este horizonte de retorno es determinado por el plazo de la concesión, razón por la cual la evaluación de las solicitudes de renovación del plazo de concesión son procesos importantes, que requieren una metodología adecuada, que pondere el aporte de contribución de los concesionarios al cumplimiento de las metas sectoriales del Estado”, añadió.