La postergación en el inicio de operaciones de grandes yacimientos mineros en el país, producto de un administración “engorrosa” y con más papeleos, ha generado una disminución importante en la producción minera, por lo que sería muy difícil llegar a la meta de regalías mineras anuales de US$3,000 millones. Así lo sostuvo Miguel Santillana, investigador del Instituto del Perú.

“El cálculo hecho para las regalías mineras jamás va a llegar a los US$3,000 millones por año ya que no entran en operación los proyectos que se suponían eran parte de ese cálculo”, manifestó en Canal N.

Específicamente, Santillana hizo referencia al proyecto Las Bambas, el cual se ha aplazado hacia el 2015, así como a la ampliación de Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua), las cuales “hasta ahora no van”.

“Supuestamente, Tía María van a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA), tomando en cuenta la desalinización de aguas, pero entiendo que la nueva protesta en la provincia de Islay (Arequipa) va a ser el polvo.
Entonces, por angas o por mangas, no te dejan avanzar”, indicó.

Asimismo, señaló que en el país existe una “falta de decisión del Gobierno” respecto al tema de la Ley de Consulta Previa, pues -aseguró-, si bien se aprobó el reglamento el año pasado, hasta ahora no se publica oficialmente cuáles son los pueblos indígenas que reconoce el Estado peruano y cuál es el territorio que se le reconoce a esos pueblos indígenas.

“Quien convoca el proceso de consulta es el Estado peruano, no las empresas. Pero si el Estado no sabe a quién le va a consultar, se postergan las decisiones y los proyectos se desfasan”, agregó.

Refirió que al que hasta el momento ya se tiene el problema de 30 concesiones petroleras que están paralizadas por temas administrativos y de consulta.

Respecto a los conflictos mineros que se han visto en los últimos días, Santillana dijo que ellos corresponden a una “acción política concertada”: “No son movimientos aislados de gente que ve sus derechos vulnerados, como algunas comunidades campesinas. Esto está plenamente coordinado, es una acción política, tema que tiene que ver el Estado”.

“El problema es que la rapidez del movimiento de los grupo anti (mineros) le gana por varios cuerpos a la reacción o actividad del Estado y la sociedad”, culminó.