(Bloomberg).- Los inversores que apuestan a que el escándalo por corrupción en Brasil acelerará la caída de la presidenta Dilma Rousseff y dará lugar a un líder más fuerte para sacar a la economía más grande de América Latina de la recesión harían bien en recapacitar.

El índice bursátil de Brasil es el que más avanzó entre sus pares globales en la última semana y el real tocó un máximo en casi tres meses en tanto las acusaciones de corrupción contra Rousseff y su mentor, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, atenuaron las perspectivas de su supervivencia política. Ambos han negado en reiteradas oportunidades haber actuado indebidamente.

Sin embargo, la destitución de la presidenta dista de ser una conclusión ineludible teniendo en cuenta la falta de pruebas contundentes en su contra. Aunque tuvieran éxito, los esfuerzos por remover a Rousseff de su cargo probablemente tardarían meses y abrirían una caja de Pandora de posibilidades de sucesión. Eso no crearía la estabilidad política que los inversores dicen que se necesita para reencauzar la economía de Brasil.

“¿Hay superficialidad en cómo ven los inversores una posible salida de Dilma? Por supuesto”, dijo Christopher Garman, responsable de análisis de países en la compañía consultora política Eurasia Group. “Lo más probable es que sea un proceso interminable”.

Largo proceso.
Tanto el arresto del director de campaña de Rousseff, como la detención de Lula y las acusaciones de que la presidenta intentó interferir en la investigación de gran alcance conocida como Lavado de Autos aumentaron las expectativas de que caerá. Rousseff estaría ahora bajo presión de su propio partido para proteger a Lula ofreciéndole un ministerio, lo que le otorgaría protección legal, señaló el miércoles una persona con conocimiento directo del tema.

Eurasia elevó las probabilidades de su destitución desde 40% hasta 55%. Los inversores apostaron a que un nuevo gobierno sería capaz de reunir más apoyo y reactivar la actividad empresarial y la confianza de los consumidores que se hallan cercanas a mínimos récord.

Sin embargo, las dos mayores amenazas al mandato de Rousseff –el proceso de juicio político en el Congreso y la investigación por acusaciones de financiamiento ilegal de campaña- están estancadas desde el año pasado y ninguna podría resolverse con rapidez. El juicio político en Brasil es un proceso muy largo con múltiples rondas de votación, y la administración podría apelar un fallo adverso del tribunal electoral. Ambas cosas crean múltiples posibilidades para la sucesión de Rousseff.

Muchos legisladores en condiciones de obtener concesiones políticas gracias a una administración debilitada serán reacios a votar a favor del juicio político a menos que la presión popular aumente o que surjan pruebas más sólidas contra Rousseff, dijo Carlos Pio, politólogo de la Universidad de Brasilia. “No los veo muy ansiosos por cambiar el statu quo”, dijo. “Ella seguirá en el cargo hasta que haya una prueba irrefutable, que todavía no existe”.

Los legisladores de la oposición modificarán su pedido de juicio político para incluir las acusaciones hechas contra Rousseff la semana pasada. La petición original se centraba en gran medida en acusaciones de que encubrió un déficit fiscal creciente. Los líderes de la oposición solicitaron a la Corte Suprema este martes que resuelva las cuestiones legales relativas a los procedimientos del juicio político de manera que la cámara baja pueda comenzar con la votación lo antes posible. Se espera que los jueces tomen una decisión la semana próxima.

No obstante, hasta las voces críticas de Rousseff en el Congreso dicen que el éxito del juicio político dependerá en gran medida del sentimiento popular; por esa razón, los legisladores están muy atentos a las protestas en contra del gobierno que están programadas para el domingo. “No hay juicio político sin gente en las calles”, dijo José Mendonca Filho del partido Demócratas de la oposición.