Por Marita Chapuis, exdirectora de Minería del Minem

Parece la tormenta perfecta: los precios de los metales han caído, las producciones también, varios proyectos se encuentran detenidos y tenemos un Estado que todavía no sabe qué debe hacer. Este es el panorama del sector minero a noviembre del 2013.

Mientras esto ocurre, las empresas han optado por reducir costos, cerrando unidades no rentables y renegociando con proveedores. Las labores exploratorias, que son tan importantes, se han reducido al mínimo y los proveedores, especialmente de ingeniería, están buscando “reinventarse”. La perspectiva es que cada vez los proyectos son más complicados, no solo desde el punto de vista social (que es lo que publica la prensa), sino también en lo tecnológico y financiero.

A fin de que se “alineen las estrellas”, el Estado tiene que mejorar las prácticas institucionales, asegurar el derecho de propiedad, fomentar la innovación y la implementación de nuevas tecnologías, así como dictar medidas legales para fomentar las exploraciones. Los trámites deben simplificarse para convertir la mayoría de los procedimientos presenciales en “online”, pero, sobre todo, cambiar el concepto actual de “evaluación” en la emisión de permisos al de “rápida revisión”.

Muchas veces, los evaluadores se detienen en detalles intrascendentes sin tomar en cuenta que las nuevas tecnologías están evolucionando rápidamente para enfrentar las complejidades del proceso minero, lideradas por un plantel multidisciplinario de profesionales que, en número y experiencia, supera largamente al equipo estatal.

Un ejemplo de la complejidad es el número y amplitud de los estudios de alternativas para el abastecimiento de agua que se tienen que realizar. Un proyecto del sur del país tuvo que estudiar 38 alternativas para encontrar una adecuada a sus necesidades.

En el plano ambiental, el Minam legisla, fiscaliza y sanciona. Sorprendentemente, a pesar de que tenía la facultad para revisar cualquier EIA o enmendarlo como resultado de un proceso de fiscalización, se empeñó en crear una nueva institución para revisar los EIA llamada Senace.

La inocultable inexperiencia de los que dirigen este sector se manifiesta en los magros resultados de la OEFA, el órgano fiscalizador. Para ocultar sus deficiencias fijaron como “indicador de gestión” no el mejoramiento de la gestión ambiental en todo el país como una reducción en la emisión de mercurio al ambiente, sino en el monto de las multas que, actualmente, no solo son exorbitantes, sino desproporcionadas para faltas menores como la demora en el envío de registros de monitoreos.

Las inversiones también se están dilatando por la falta de claridad en temas de propiedad. Tenemos un moderno catastro minero pero, desafortunadamente, no se puede decir lo mismo del catastro rural o urbano; donde la Sunarp es un cuello de botella que nadie quiere atacar.

Continuamente, el Minem se jacta de los primeros lugares que ocupa el Perú en la producción de minas de varios metales. Sin embargo, no se dice nada sobre las leyes de los yacimientos que están bajando, ni sobre los centros de investigación mineros que buscaron asentarse en nuestro país, pero fueron expulsados por una turba irracional que los acusó de contaminadores.

Tampoco se menciona la importancia de crear un programa de Atracción de Centros de Excelencia Internacional para convertir a nuestro país en un polo regional de innovación que investigue y desarrolle procesos metalúrgicos para minerales complejos.

Finalmente, repetimos hasta la saciedad que somos competitivos porque tenemos un costo de energía menor que el chileno y no mencionamos que es superior al canadiense.

Australia, que es otro país con quien competimos, anunció que suprimirá algunos impuestos y otorgará incentivos a la exploración. El objetivo es darles a los contribuyentes un incentivo para invertir en proyectos “greenfield”. Un sistema similar ha funcionado en Canadá con mucho éxito desde hace varios años.