A inicios de este mes el Ministerio del Ambiente (Minam) publicó un proyecto de Decreto Supremo que modifica el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para el aire.
En el caso del dióxido de azufre, el proyecto del ministerio eleva el parámetro de emisión permitida de dióxido de azufre diario de 20 a 250 microgramos por m3.
Esta flexibilización venía siendo solicitada por los posibles nuevos inversores del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO).
Tal es así que las primeras subastas del complejo realizadas en las últimas semanas no tuvieron éxito pues se estaba a la espera de este cambio en la normativa ambiental.
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No obstante, la nueva normativa ambiental también genera riesgos judiciales para el Perú. En julio del 2016 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimó una demanda por US$ 800 millones interpuesta por The Renco Group –anterior propietario de Doe Run- en contra del Estado peruano.
En aquel momento, The Renco Group calificó de “insignificante” la victoria de Perú, pues indicó que el CIADI desestimó la demanda por motivos técnicos legales y no por cuestiones de fondo, por lo cual prepararían una nueva reclamación ante el CIADI, subsanando los requerimientos.
Al respecto, el exministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, advirtió que el reciente cambio normativo ambiental dado por el Gobierno abre el camino del triunfo a The Renco Group, pues uno de los argumentos de la demanda ante el CIADI era que ellos acusaban de sufrir un “trato discriminatorio”, pues no se les permitió flexibilizar la normativa ambiental, cuando a otras empresas sí.
Pulgar Vidal subraya que la nueva flexibilización ambiental da ventajas a los postores que buscan adquirir el CMLO, lo cual reforzará la tesis de The Renco Group de haber sufrido discriminación.
“Estamos en altísimo riesgo de que el Perú reciba una nueva demanda y perderla. A Renco se le exigió un estándar que no pudo cumplir y ahora este se flexibiliza; entonces ellos podrán decir que fueron discriminados”, subrayó el exministro a Gestión.pe.
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Al respecto, el viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre, descartó este riesgo para el Estado.
“No tiene conexión una cosa con la otra. El Perú es soberano para realizar las modificiones que crea conveniente”, indicó el funcionario a Gestión.pe.
Impacto ambiental
Pero además de este riesgo judicial, Pulgar Vidal sostiene que el problema de fondo es la “innecesaria flexibilización” que se ha dado en la normativa ambiental, lo cual afectará a la salud de las personas.
El exministro explicó que en la mayoría de ciudades se cumple con el estándar de emisión máxima diaria de dióxido de azufre de 20 microgramos por m3.
“Ahora, con la flexibilización, la señal política es que ese estándar ya no será exigible y no habrá mayor control sobre las emisiones. Este es un retroceso a los estándares de los ochentas”, advirtió.
Asimismo, Pulgar Vidal criticó que uno de los argumentos del cambio normativo sea el fomentar la competitividad de nuestra economía.
“Este es un error conceptual. Los estándares no son para generar competitividad sino para proteger la salud de las personas”, anotó.
Por otro lado, el viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre, refirió que el cambio se dio teniendo en cuenta que otros países como Chile y Colombia tienen el parámetro de 250, por lo que el límite de 20 resultaba muy exigente.
Sobre ello, Pulgar Vidal refirió que Chile ahora está buscando hacer más estricto su ECA. “Esa es la tendencia”, apuntó.
