El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, consideró necesario que el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) pase de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Ministerio del Ambiente (Minam).
Aseguró que este tema ya se está conversando con el jefe del Gabinete ministerial, Pedro Cateriano.
“Cuando se creó Osinfor estaba en Inrena, con el TLC se discute que este organismo no podía estar en el mismo órgano que da lo derechos forestales, entonces se lo saca y se lleva a PCM. Hoy día con el premier Cateriano estamos discutiendo si debemos consolidar el hecho de que Osinfor venga al sector ambiente”, explicó.
Fiscalización Ambiental
De otro lado, Pulgar Vidal indicó que si bien la fiscalización ambiental avanzó con rápidas intervenciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en casos de derrames de hidrocarburos, con medidas correctivas y sanciones, aún hay una fortísima debilidad en los gobiernos regionales y locales.
En ese sentido, anunció que el Ministerio del Ambiente lanzará hoy el primero de un conjunto de 12 informes sectoriales. El primero es “La Fiscalización Ambiental en el Perú: Fortaleciendo los cimientos del derecho a un ambiente sano”.
Según explicó el titular del Minam, estos informes son documentos técnicos que señalan las medidas adoptadas en los diferentes frentes, cuánto se ha avanzado y qué retos quedan pendientes por hacer.
En ese sentido, dijo que fortalecer la fiscalización ambiental en el Perú significa asumir un cambio de patrón cultural. “Para que tengas una fiscalización eficiente, tienes que exigir el cumplimiento de las reglas, lo primero que se ha hecho es mejorar las reglas”, sostuvo.
Asimismo, señaló que se ha mejorado el ambiente que incentiva el cumplimiento de la normativa ambiental, con la creación de un ranking de empresas que detalla quienes demuestran un buen comportamiento con el medio ambiente.
También indicó que la política de aplicación de “medidas correctivas” es tan severa como el cierre de una operación, porque motiva que se corrijan inmediatamente procesos en las empresas que causan contaminación.
Por otra parte, refirió que ahora el 95% de las multas ambientales se pagan, a diferencia de lo que ocurrían antes cuando se judicializaba para evitar el pago. En esa línea, destacó que con la aplicación de la norma, que establece que para judicializar una la multa se tiene que poner “una contra cautela económica”, las empresa prefieren cumplir con el pago de sus multas.
En el ámbito de la fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal, señaló que la labor de los gobiernos regionales en este ámbito es “pobrísima”, por lo que este tema debe estar a cargo de su portafolio, e incluso presentó un proyecto de ley para lograrlo, pero no prosperó en el Congreso.
