Gasoducto del Sur
El Gasoducto del Sur (GSP) es una de las obras más grandes de la historia de nuestro país. El costo del servicio asciende a US$ 7,329 millones o 3.5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Los problemas del GSP comienzan porque Odebrecht (uno de los tres socios del proyecto junto a Enagás y Graña y Montero) presenta una serie de problemas judiciales en Brasil a partir de las investigaciones alrededor del escándalo de corrupción Lava Jato.

“Si bien existen trascendidos que el financiamiento del proyecto estaría asegurado, hay temas pendientes en cuanto al suministro de gas y el tratamiento de los líquidos. Por lo pronto, la gerencia ha sido trasladada a Enagás, que tendrá que afrontar el vencimiento de un crédito puente de US$ 600 millones en abril de este año”, señaló Macroconsult.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Como se ha hecho evidente, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AJICH) necesita una ampliación urgente debido al importante crecimiento del número de vuelos que maneja.

Para ello, el gobierno se comprometió a entregar los terrenos al concesionario del aeropuerto a finales de 2015 para que inicie la construcción de una segunda pista de aterrizaje.

“Lo cierto es que esto nunca ocurrió, las obras siguen retrasadas y existe la necesidad de definiciones prontas pues el nivel de congestión continúa aumentando”, anotó.

Aeropuerto de Chinchero
El 2014 se adjudicó la construcción del aeropuerto de Chinchero al consorcio Kuntur Wasi. Dado que se construiría bajo un esquema de cofinanciamiento, dicho consorcio tendría la responsabilidad de levantar fondos en el mercado internacional.

“Durante 2015, uno de los principales accionistas del consorcio perdió el grado de inversión otorgado por Fitch Ratings, lo cual ha encarecido cualquier tipo de colocación. El proyecto muestra demoras por diferencias de interpretación entre el Gobierno y el concesionario sobre aspectos financieros clave del contrato de concesión”, indicó la consultora.

Caso Doe Run
Los problemas con el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) tienen más de seis años de vigencia ya que este se inició en el último tramo del gobierno del ex presidente Alan García.

El manejo turbio por parte de su propietario ha colocado a la empresa en una situación de insolvencia que ha llevado a la junta de acreedores a un proceso de liquidación.

Este proceso está plagado de complicaciones. En agosto de 2015 quedó desierta la licitación por el CMLO, al parecer porque los postores ven imposible cumplir las normas ambientales y costos laborales.

En ese sentido, la junta de acreedores aprobó en marzo de este año un nuevo convenio de liquidación en marcha por seis meses hasta el 27 de agosto para vender la refinería y la mina Cobriza de manera conjunta, vía remate.

Hay alguna información periodística que indica que existirían dos interesados en este nuevo proceso.

“Sin embargo, nada asegura que se lleve a cabo y se cierre. En ese sentido seguiría siendo un problema para el nuevo gobierno, ya que la junta de acreedores es presidida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y alrededor de la empresa en liquidación existen 2,500 empleos en juego”, subrayó Macroconsult.

Lote 192
El Congreso de la República aprobó en 2015 una ley que permite a Petroperú llevar a cabo labores de explotación en el Lote 192 como respuesta a las protestas de la población de Loreto que pedía “el petróleo de Loreto para los loretanos”.

“La empresa estatal Petroperú no se encuentra en condiciones económicas y financieras como para llevar a cabo la explotación del Lote, luego de la finalización del contrato de explotación temporal de dos años de Pacific Stratus Energy”, señaló Macroconsult.

Por un lado, Petroperú tiene que financiar la construcción de la Refinería de Talara por un monto de US$ 3,500 millones y realizar inversiones en el Oleoducto Norperuano, cuyas fallas han originado un importante número de desastres ambientales en su zona de influencia.

“El nuevo gobierno tendrá que resolver este tema”, anotó.

Tía María
El agravamiento del conflicto social en Islay (Arequipa) determinó la suspensión temporal del pro-yecto minero Tía María. La población se opone debido a posibles daños ambientales que se po-drían originar en la zona a partir de la puesta en marcha del proyecto. Así, se ha pedido que se lleve a cabo un nuevo estudio de impacto ambiental del proyecto.

Lo cierto es que la suspensión se ha visto como una muestra de la debilidad del gobierno y su incapacidad para hacer cumplir la ley en la zona.

“Dada la importancia de la minería para el Perú, la puesta en marcha del proyecto requerirá que el nuevo gobierno implemente una nueva estrategia para convencer a la población de su viabilidad”, refiere la consultora.

Conga
Los problemas con este proyecto pasaron por dos gobiernos y costaron la salida de dos primeros ministros durante el mandato de Ollanta Humala.

En la actualidad las empresas promotoras se encuentran realizando obras de infraestructura para garantizar el acceso al agua de la población, principal causa de las protestas.

“Al igual que Tía María, Conga presenta grandes retos para convencer a la población de Cajamarca de su viabilidad”, apuntó Macroconsult.

Bonos de la Reforma Agraria
Si bien este no es un problema referido a un proyecto de inversión, es un caso que puede llegar a afectar las arcas del Estado.

En 1968, cuando se dio la Ley de Reforma Agraria, las expropiaciones fueron pagadas con una emisión de bonos del Estado Peruano. Desde ese momento hasta la fecha no se ha honrado la deuda.

Ante la negativa de pago por parte de los sucesivos gobiernos, los tenedores de bonos han puesto una serie de denuncias ante diversos tribunales, siendo la más importante la del Constitucional, que ordena el pago y da una serie de detalles sobre cómo reconocerlo y actualizar el valor de la deuda dado que el hecho ocurrió hace casi 50 años.

“Gramercy Funds Management, un fondo especulativo que ha comprado estos bonos en el mercado secundario, podría comenzar un proceso contra el Perú similar al que se planteó frente a Argentina, que puede complicar el manejo de los recursos líquidos del Estado”, advierte la consultora.