Hace un mes el Gobierno, haciendo uso de sus facultades legislativas, publicó el decreto n° 1198 que modifica la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y permite que entidades del sector privado administren monumentos arqueológicos a través de convenios de gestión cultural con el Estado.

Hoy es el segundo día de un paro regional en Cusco pues los ciudadanos de esa región rechazan una “privatización” de estos monumentos. Los manifestantes intentaron tomar esta mañana el aeropuerto y PeruRail ya suspendió sus operaciones ferroviarias hacia Machu Picchu, por lo que no hay acceso a la ciudadela.

De acuerdo con el corresponsal de RPP en la zona, Felipe Tapia, los cusqueños comprenden la intangibilidad de Machu Picchu pero creen que otros patrimonios a nivel nacional podría ser “tocados con un criterio de privatización” como Sacsayhuaman, Pisac u Ollantaytambo.

¿Qué dice la norma?
El Decreto Legislativo N° 1198 precisa que el Ministerio de Cultura podrá otorgar a entidades públicas o privadas, mediante convenios de gestión cultural, la administración de “determinados componentes” de “todo inmueble integrante del patrimonio cultural de la Nación de carácter prehispánico”.

La norma exime expresamente a “los sitios arqueológicos del Patrimonio Mundial”.

El Ministerio de Cultura, en un comunicado oficial publicado esta semana, recalcó el “carácter optativo” de estos convenios y publicó una lista de monumentos excluidos del alcance del DL 1198 como el Centro Histórico del Cusco y la ciudad inca de Machu Picchu.

En el mismo documento, el sector liderado por Diana Alvarez-Calderón sostiene que la norma “no concesiona, no privatiza, no entrega el Patrimonio Arqueológico a empresas privadas” ni “modifica la Ley del Boleto Turístico, Ley 28719, la cual sigue vigente”.

El objetivo es impulsar la “protección, investigación, conservación, restauración, exhibición, difusión y/o puesta en valor sostenible” de estos bienes inmuebles.

Los convenios culturales, que pueden incluir la administración de servicios complementarios, se otorgarán bajo la modalidad de concurso de proyectos y su vigencia no podrá superar los diez años.

También se precisa que no conllevará el uso de garantías del Estado o transferencias de recursos públicos a entidades privadas.