El Ministerio de la Producción (Produce) informó hoy que, de manera sorpresiva, un Juez Mixto de la provincia de Sechura (Piura) dictó una medida cautelar arbitraria que autoriza, sin ninguna evidencia científica, que 124 embarcaciones pesqueras denominadas “vikingas” ingresen a extraer anchoveta a partir de la quinta milla y no a partir de las diez millas del mar peruano, como se ha venido realizando.

Indicó que dicha medida pretende desconocer la competencia exclusiva que tiene el Ministerio de la Producción en cuanto al ordenamiento pesquero.

“Con esta medida se pondría en riesgo la sostenibilidad del recurso anchoveta, la preservación del ecosistema marino, lo que a su vez pone en peligro la alimentación popular al permitir la pesca indiscriminada de anchoveta, que es el alimento principal de varias especies marinas”, dijo Carmen Abregú, directora de Consumo Humano Indirecto del Ministerio de la Producción.

Agregó que el juzgado ha dictado esta “indebida y sorpresiva” medida cautelar en abierta violación de lo dispuesto por el artículo 9 de La Ley General de Pesca, que exige la evidencia científica para tomar medidas relacionadas al ordenamiento pesquero.

[ Vea el fallo del Juzgado Mixto de la Provincia de Sechura ]

La demanda fue presentada, dentro de un proceso de amparo, por el Comité Multisectorial de Defensa del Sector Pesquero de la Bahía de Sechura, alegando la violación del derecho a la libre empresa y a la libertad de trabajo.

El documento fue presentado ante el Juez Pedro Manuel Castro Chayguaque y busca que la principal norma del ordenamiento pesquero, el D.S. 011-2013-PRODUCE, sea declarada inconstitucional.

Abregú sostuvo que el Ministerio de la Producción planteará en lo inmediato todas las medidas de defensa necesarias para impedir la afectación del recurso y anunció que se denunciará al juez respectivo por presunto delito de prevaricato.

Mencionó que el Produce es respetuoso de las decisiones del Poder Judicial y por ello planteará los recursos correspondientes y, a su vez, seguirá supervisando y se dictarán las medidas necesarias en el marco de sus competencias legales y constitucionales.

“Debemos evitar que se afecten los intereses públicos y que se perjudique a la población. Llama la atención que la demanda haya sido presentada en un lejano juzgado de Sechura y se pretenda que la decisión se aplique a nivel nacional”, finalizó.