LUIS FERNANDO ALEGRÍA
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El Perú es uno de los países más vulnerables de la región ante desastres naturales. Su alta exposición a estas amenazas lo coloca en el puesto 20 a nivel mundial de países cuya actividad económica está más sensible a estas adversidades.
La historia reciente confirma esto: entre 1970 y el 2009, Perú fue afectado por 105 desastres, causando 74,000 pérdidas humanas. El Fenómeno del Niño de los años 1982-83 generó pérdidas por US$ 2,227 millones, mientras el del 97-98 destruyó unos US$ 3,569 millones.
¿Aún somos vulnerables? Según un estudio de perfil de catástrofe de nuestro país -elaborado por el BID-, la respuesta es alarmante. De acuerdo con su estimado, nuestro país tiene más de US$ 450,000 millones en infraestructura expuesta a desastres naturales, es decir, más del doble del PBI local.
El organismo destacó que la vulnerabilidad ante sismos es especialmente elevada. Así, calculó que un terremoto similar al ocurrido en Chile en el 2010 (8.8 grados), causaría pérdidas de hasta US$ 43,000 millones, lo que equivale hasta un 22% del PBI peruano.
Contingencia vital
Considerando estos riesgos, el MEF informó ayer (Gestión 21.01.2014) que firmó un convenio con el BID, el cual otorgará financiamiento por US$ 300 millones en caso suceda un desastre natural.
Según información de la entidad, este proyecto de financiamiento fue presentado en agosto del 2010, pero recién fue aprobado el mes pasado.
El objetivo de ello es tener recursos disponibles para rehabilitar la infraestructura y servicios básicos que sean afectados, tan pronto fuese posible.
Una inversión de tal magnitud generaría un desbalance en las cuentas fiscales del gobierno peruano. La importancia de tener este fondo radica precisamente en evitar ese efecto negativo adicional.
Requisitos y beneficios
El BID y el MEF han estado trabajando en implementar mejoras de la gestión ex-ante de los desastres naturales.
Así, nuestro país debió acogerse a un programa de manejo integral de estos riesgos y poder calificar para este tipo de préstamo.
De acuerdo con la primera propuesta del proyecto, el beneficio para el Estado era cubrir los gastos públicos extraordinarios, realizados tras 180 días de un desastre natural y a un costo inferior al de la deuda pública.
Finalmente, cabe precisar que se darán desembolsos solo cuando el BID considere que los gastos son “elegibles”, según la gravedad del desastre.
