Defender al Estado en cuatro procesos de arbitraje internacional, a los que el Perú está sometido por los TLC, demandan unos S/ 53 millones solo en la contratación de dos estudios de abogados estadounidenses, según difundió el portal Gran Angular.

En concreto, el Estado peruano ha gastado S/. 53’897,000 (US$ 15’852,065.17) en defenderse de las controversias con Renco Group, DP World Callao SRL, Eceteco Internacional Company S.L. y Bear Creek Mining Corporation.

Este monto corresponde a los pagos que viene ejecutando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a dos estudios de abogados estadounidenses: White & Case LLP y Sidley Austin LLP.

Según la información que ha publicado Gran Angular, por gastos más fuertes en la defensa corresponden al caso Renco Group: más de S/ 19 millones (US$ 5’730,769.27).

Esta empresa que estuvo a cargo de la administración del Complejo Metalúrgico de La Oroya, tiene un largo historial de contaminación y procesos internacionales por la afectación de la salud de la población, y que colocó a La Oroya como una de las ciudades más contaminadas del mundo.

Esta empresa inició un proceso arbitral en el año 2010 en contra del Estado peruano por US$ 800 millones, alegando diversos incumplimientos al Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre EE.UU. y Perú.

Así, las empresas se valen de los TLC u otros acuerdos internacionales para llevar a los Estados a los tribunales del arbitraje internacional. En los cuatro casos que viene siendo sometido el Perú, las cifras de las demandas interpuestas por las empresas oscilan los S/ 7,752 millones (US$ 2,280 millones), monto que supera el presupuesto total de todos los programas sociales del país para el año 2016 (Juntos, Pensión 65, Cuna más, Qali Warma, Haku Wiñay, Vida digna y Servicio vidas, entre otros).

Pese a que el Estado viene enfrentando diversos litigios internacionales sigue firmando TLC sin redefinir sus mecanismos de protección. De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Perú tiene 20 tratados internacionales en vigencia, cuatro por entrar en vigencia y cuatro en negociación.

En América Latina los países que se han visto envueltos en un mayor número de demandas han sido Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, los tres primeros han decidido denunciar al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, adscrito al Banco Mundial).

Mientras, otros Estados han decidido no continuar con el actual sistema de protección de inversiones, como China, India, Indonesia, Sudáfrica y Australia, este último tomó como posición oficial rechazar toda posibilidad de incluir al arbitraje internacional como método de solución de controversias en sus Acuerdos Internacionales de Inversión (AII), tras ver como se iniciaba por parte de Philip Morris un procedimiento arbitral que impugnaba la adopción de medidas gubernamentales antitabaco.

Un estudio realizado por Hildegard Rondón: Los problemas jurídicos planteados en los arbitrajes internacionales de inversión, 2009, afirma que con los Tratados Bilaterales de Inversión, que firman los Estados para favorecer una inversión extranjera, se abre la oportunidad de demandar al Estado, lo que hacen es “proteger la inversión y proteger al inversionista”.

Y pone como ejemplo a Brasil, que no pertenece al CIADI y que no reconoce cláusulas de arbitraje y que, sin embargo, es el país que cuenta con mayores inversionistas extranjeros en Sudamérica, y es a la vez un país con mucha inversión en la región, tirando con ello por la borda el discurso que los acuerdos de inversión, es la única vía para obtener la inversión extranjera.