El Perú se mantiene como uno de los mercados laborales más rígidos del mundo al momento de desvincular a un trabajador. Es así que ocupa el puesto 82, de un total de 93 países, cuando se evalúan las dificultades para realizar despidos.

Así lo reporta el Índice de Competitividad del Talento Global, un estudio presentado por la firma internacional Adecco y elaborado con datos de diciembre del 2014.

En gerente de Adecco Perú, Carlos San Román, refirió que las dificultades se deben a los altos costos para la indemnización por despido, riesgo de reposición del trabajador y las restricciones para establecer más modalidades de contratos temporales.

“En el Perú hay mucha rigidez y eso nos hace perder competitividad a nivel regional”, sostuvo.

Agregó que en nuestro país los contratos a plazo fijo están muy restringidos, en comparación a otras legislaciones como la colombiana o chilena.
“Allí la contratación es prácticamente libre. Puedes contratar y desvincular rápidamente, pues este es un paso clave para generar más puestos de trabajo”, anotó.

En la variable “dificultades para contratar”, el Perú ocupa el puesto 58, refiere el estudio. Uno de los países con mayores restricciones en ambas variables es Venezuela.

“En Europa, luego de la crisis, países como Francia liberaron el mercado para las contrataciones temporales y eso ha hecho que su economía se empiece a reactivar”, señaló San Román.

Por el contrario, el ejecutivo indicó que en el Perú existe el riesgo de “ir contra la corriente” al tratar de fijar en el proyecto de Ley General del Trabajo un incremento en la indemnización por despidos (el tope se elevaría de 12 a 16 sueldos).

“Eso no tiene lógica, el país necesita más flexibilidad. Se cree que se dará más seguridad al trabajador, pero solo se logrará reducir la inversión”, anotó el vocero de la firma especializada en recursos humanos.

Inestabilidad política
Para San Román también preocupa otra variable, “estabilidad política” (Perú ocupa el puesto 77), pues de ello dependerán las decisiones empresariales.

“El último año bajó el puntaje. Y eso que el estudio no tomó en cuenta el caso de la ley juvenil, donde el Gobierno tuvo que dar marcha atrás y eso genera inestabilidad”, apuntó.