El martes la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el proyecto de ley enviado por la Contraloría General de la República que plantea que todos los funcionarios y servidores estatales, independientemente del régimen laboral en el que se encuentren, presenten en forma obligatoria declaraciones de ingresos, bienes y rentas, pero ¿acaso eso no ocurría?

Según cifras de la propia Contraloría de la República, al 10 de agosto del 2016, dicha institución tenía registrados en el Sistema de Registro de Declaraciones Jurada en Línea a sólo 123,753 funcionarios o servidores públicos que se han registrado como sujetos obligados a la presentación de jurada de bienes y rentas.

Lo malo de esta cifra es que representa solo el 8.8% de los cerca de 1’400,000 servidores públicos que dependen del Estado peruano, según la proyección hecha por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

Perú rezagado
Esta situación ocasionaba que el Perú esté en desventaja con otros países de la región que tienen realidades parecidas a la nuestra, como es el caso de Colombia, que se ubica en el puesto 83 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2105 de Transparencia Internacional, y donde el Perú aparecía en el puesto 88.

Sin embargo, en Colombia todos los funcionarios y servidores públicos se encuentran obligados a la presentación de una “declaración juramentada de bienes y rentas”.

Otro país que supera en este tema al Perú es Bolivia, a pesar que el país altiplánico figura en el puesto del IPC 2015 ha establecido que todos sus funcionarios y servidores públicos tienen la obligación de presentar una declaración jurada de bienes y rentas.

Teniendo en cuenta estos antecedentes es que la Contraloría envío al Congreso de la República el proyecto de ley para obligar a que los funcionarios o servidores públicos presenten su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, independientemente de su régimen laboral o contractual.

Inicialmente la propuesta de la Contraloría General de la República establecía que esa obligación iba a ser para los funcionarios o servidores públicos cuyos ingresos mensuales provenientes del Estado sean iguales o superiores al valor de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que este año equivale a S/ 3,950 pero la Comisión de Justicia decidió eliminar ese tope y extender la obligación a todos los funcionarios públicos.

¿Qué se espera?
La Contraloría General de la República espera lograr tres resultados concretos con esta medida luego que sea aprobada por el Pleno del Congreso y puesta en vigencia, y son los siguientes:

1. Contribuir con la prevención de la corrupción, a partir de un mayor escrutinio público, e incrementar la confianza de la población en quienes toman las decisiones o cumplen funciones en el ámbito público.

2. Incrementar el número de sujetos obligados a declarar para maximizar la capacidad de detectar posibles incrementos patrimoniales injustificados, que no solo pueden ocurrir a nivel de alta dirección o en funciones específicas como tesorería, sino en cualquier ámbito de la actualización pública.

3. Lograr un paso decisivo para incrementar los niveles de transparencia en la función pública, para acercarnos al nivel de experiencias comparadas como Colombia y Bolivia, donde todos los funcionarios o servidores públicos se encuentran obligados a presentar la declaración jurada de bienes y rentas.

La pelota está en la cancha del Pleno del Congreso para que una propuesta legal de este tipo no demore en aplicarse.