(AFP) La mayoría opositora en el Parlamento venezolano anunció que convocará a varios funcionarios del gobierno para que expliquen el alcance de un decreto de emergencia económica, que requiere su aprobación y frente al cual tiene objeciones.

Los ministros de Alimentación y Finanzas, el presidente del Banco Central y el presidente de la petrolera PDVSA, entre otros, serán citados a la Asamblea, dijo José Guerra, titular de la comisión legislativa que estudia la declaratoria de emergencia dictada el pasado viernes por el presidente Nicolás Maduro.

“La comisión va a invitar para que comparezcan todos los que tienen que ver con el área económica y nos expliquen cuál es la verdadera situación”, señaló.

Guerra cuestionó aspectos del decreto como la fijación de límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo, lo que definió como un “corralito”, y la posibilidad de disponer de bienes del sector privado para asegurar el abastecimiento de productos básicos, en grave escasez.

También criticó que el gobierno pueda realizar cambios en el presupuesto aprobado por el anterior Legislativo, de mayoría chavista, y reclamó explicaciones sobre el destino de los millonarios recursos que obtuvo el país durante la más reciente bonanza petrolera.

“Si no van a expropiar a nadie (como aseguró el ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad), quítenlo del decreto para que no creen incertidumbre”, reclamó Guerra.

El economista sostuvo que Venezuela “no tiene un dólar ahorrado y afronta restricciones por todos lados, pese a que “recibió un billón de dólares entre 1999 y 2015 y le regaló US$ 50,000 millones a Petrocaribe desde el 2005 al 2015”.

“Son cosas que este decreto tiene que contemplar”, manifestó. La amplia mayoría que obtuvo la oposición en las elecciones del pasado 6 de diciembre la faculta para interpelar y presentar mociones contra los ministros.

Con un modelo estatista, Venezuela enfrenta una crisis económica agravada por el desplome de los precios del petróleo y que se refleja en una contracción de 4.5% e inflación de 108.7% entre enero y setiembre del 2015 (oficial), así como en un déficit de 20% del Producto Bruto Interno (PBI), según estimaciones privadas.

Admitiendo que la situación es “catastrófica”, Maduro decretó la emergencia por 60 días y entregó el decreto al Parlamento, al que pidió apoyo y ante el cual presentó su informe anual de labores el pasado viernes.