Guillermo Westreicher H.
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Para Orlando de las Casas, abogado laboralista y socio del Estudio Hernández & Cía, la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) -promulgada ayer por el Ejecutivo- permitirá un uso más eficiente de los recursos y mayor uniformidad en los criterios de los inspectores.
“Las funciones van a ser las mismas que ahora cumple el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo): promoción y fiscalización en todos los aspectos relacionados a los derechos laborales; así como temas relacionados a salud y seguridad, menores de edad, discapacitados, entre otros”, señaló.
La creación de la superintendencia –explicó el laboralista- responde a la regionalización porque los ministerios transfirieron sus funciones a los gobiernos regionales, lo que empezó a generar disparidad de criterios e ineficiencia en el cumplimiento de la fiscalización por falta de recursos, capital humano y/o inexperiencia.
“Lima tuvo que mandar grupos de inspectores a los campamentos mineros. Otro problema era el cobro de las multas porque las provincias no contaban con ejecutores coactivos. Algunas regiones tenían solo un inspector”, comentó.
Ante esta situación, indicó de las Casas, se crea una superintendencia, como la Sunat, que centralice, regularice y unifique, tomando en cuenta que la primera y la segunda instancia permanecen en provincias. Las funciones –resaltó- no están cambiando, pero se manejarán igual bajo un esquema más ordenado y se administrará mejor la función inspectora.
“El MTPE contaba con una dirección general de inspecciones, pero era difícil ejercer un criterio único a nivel nacional porque cada región ejercía autonomía”, acotó.
Asimismo, el experto aseguró que la idea es contratar más personal, pues el proyecto de ley exonera a Sunafil de las restricciones presupuestarias.
“Según la OIT, la inspección laboral debe ser realizada por un solo organismo, no es admisible la duplicidad de funciones. Por ejemplo, ahora un inspector puede ordenar la paralización de una obra, pero también puede hacerlo Defensa Civil”, cuestionó.
El laboralista indicó además que es complicado funcionar adecuadamente cuando un porcentaje altísimo de las actuaciones del MTPE son generados por denuncias, porque si bien existe un plan de fiscalización que incluye campañas –por ejemplo- para verificar el pago de gratificaciones, los recursos se distraen a otras prioridades.
“Se deben unificar los criterios y dotar a la superintendencia de recursos suficientes. El MTPE es uno de los ministerios con más bajo presupuesto”, objetó.
Multas
Uno de los puntos centrales del proyecto recientemente aprobado –destacó el especialista- es la elevación del costo de las multas, pues se han incrementado diez veces; pasando por ejemplo de 20 UIT a 200 UIT. “Están tomando como ejemplo el caso del cinturón de seguridad, pero no siempre la dureza termina siendo mejor”, advirtió.
Salud y seguridad
De las Casas resaltó que el tema de salud y seguridad es muy técnico y multifacético. “Las exigencias del reglamento aprobado el año pasado han sido pensadas principalmente para grandes empresas y no en pequeños negocios como bodegas, que tendrían que practicar -por ejemplo- exámenes médicos a todos sus trabajadores antes y después de su período de labores. Pero otros sustentan que la inversión puede llegar a ser menos costosa que la indemnización frente a un posible accidente”, señaló.
Según el laboralista, la lógica detrás de la norma es que debe implementarse un sistema de salud y seguridad en toda actividad económica, no solo en construcción y minería, porque es un tema relacionado al estrés laboral, cables sueltos, asientos ergonómicos, luz adecuada, etc; entre otras situaciones que no se identifican inmediatamente con riesgo.
“Uno usualmente identifica al inspector de trabajo con aquella persona que viene a verificar si se cumplen con los pagos respectivos, pero también debe asegurar que el ambiente laboral sea adecuado”, recordó.
