Opinión del MEF es decisiva en adenda de aeropuerto Chinchero

Dado que con el cambio al contrato de concesión el Estado asumiría el riesgo de construcción y habría mayor costo para el fisco, el MEF podría no aprobar la adenda, observan expertos.

Chinchero es uno de los megaproyectos que aún falta destrabar.
Chinchero es uno de los megaproyectos que aún falta destrabar.

Esta semana, el Organismo Supervisor de la Inversión en Transporte de Uso Público (Ositran) emitiría opinión sobre la propuesta de adenda al contrato de concesión del proyectado aeropuerto de Chinchero, en Cusco, que han acordado el concedente por el Estado: el Ministerio de Transportes, y el con­cesionario Kuntur Wasi.

Expertos en el tema explicaron que Ositran podrá realizar observaciones a la propuesta de adenda, verificando que lo negociado no cambie las reglas básicas de la concesión y no se perjudique al usuario. Si bien en muchos casos la opinión del regulador no es vinculante, en este caso tendría que verificar que el cierre financiero del proyecto se haya dado de acuerdo al contrato. En tanto, el MTC tendría que levantar las observaciones.

Una vez concluido este trámite, en última instancia, el borrador de la adenda irá al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que deberá emitir opinión sobre temas de su competencia.

Los expertos precisaron que el MEF deberá verificar dos aspectos: que la adenda no implique cambios sustanciales que lleven a asumir mayores riesgos al Estado, y que no se afecte la caja fiscal.

No obstante, advirtieron que el MEF podría observar la adenda, en caso introduzca cambios sustanciales: que la obra pase de ser de una asociación público-priva­da (APP) a una obra pública.

En el caso de Chinchero, se habría considerado que el Estado asumiría el pago inmediato de US$ 265 millones, en lugar que lo haga el concesionario, como prevé el contrato. En este caso, precisan, el Estado asumiría un riesgo de construcción, pues a media obra el concesionario se podría declarar en quiebra.

Además, añaden, se afectaría la caja fiscal, pues el Estado asume el valor presente de US$265 millones, que antes debía haber abonado en un plazo de 3 años.

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