A pesar que la minería informal genera los mayores impactos negativos en el medio ambiente, la mayor parte de los 25 gobiernos regionales encargados de supervisar también esa actividad, no cumple con esa labor de fiscalización.
Esta advertencia la hizo Mauricio Cuadra, subdirector de Supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al presentar los resultados de un seguimiento que hizo a las entidades de fiscalización ambiental (EFA) de dichos gobiernos regionales.
En general, la mayoría de las EFA no ejecutan supervisiones a las personas naturales o jurídicas sujetas a la formalización, no identifican ni comunican a los órganos competentes la actividad minera en zonas prohibidas y no inician procedimientos administrativos sancionadores contra presuntas infracciones ambientales.
Así, añade, en un ranking de mayor a menor cumplimiento de dichas funciones, en una escala de 0 a 20 puntos, el Gobierno Regional de Piura encabeza la lista con una calificación de 10.36, mientras que el último lugar fue ocupado por el Gobierno Regional de Tacna, con 1.65 puntos.
Estas cifras evidencian que todos los gobiernos regionales (GORE) han desaprobado la evaluación realizada por el OEFA.
