En el Perú las obras de agua y saneamiento tienen paralizaciones excesivas, demorando hasta ocho años para su culminación, advirtió la Comisionada de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lily Ku Yanasupo.

“Esto se debe, entre otras razones, a la escasa capacidad de los gobiernos locales para aprobar un expediente de obra adecuado e, incluso, para establecer las condiciones de ejecución a los contratistas”, explicó.

Recordó que en nuestro país, existen más de siete millones de peruanos que no cuentan con el servicio de agua potable ni de desagüe. El 17,3% de los hogares del Perú no tiene acceso al agua y el 25,2% no cuenta con el servicio de desagüe.

Refirió que también existen obras concluidas que presentan deficiencias en su operatividad, causando afectaciones directas a la población e incluso en los bienes públicos y privados a causa de la rotura de redes y desbordes de aguas residuales.

Este hecho se agrava aún más cuando las Oficinas de Control Interno de la Contraloría General de la República, instaladas en cada entidad de gobierno, no realizan el seguimiento y control del proyecto o cuando, simplemente, no existen.

En ese sentido, Ku Yanasupo recomendó que la población denuncie las presuntas irregularidades en la ejecución de alguna obra o falta de información en los sistemas señalados, ante la oficina de control interno de la entidad responsable de la ejecución del proyecto o a la Defensoría del Pueblo.