Como una forma de dinamizar el sector construcción en el Perú, el Gobierno busca que sea el gobierno central y no las municipalidades el responsable de la solicitud y evaluación de los estudios de impacto vial para edificaciones.

La propuesta fue presentada como parte del paquete de medidas para reactivar la economía que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el jueves último.

Según el proyecto de ley, lo que se busca es que sea el gobierno central sea el que regule este tema a través del Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de Regulación y Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

De esta manera se evitará vacíos legales y dispersión de regulaciones en los gobiernos locales.

Esta decisión se toma porque a pesar que el Reglamento Nacional de Edificaciones establece la necesidad del estudio de impacto vial solo para algunas edificaciones, las municipalidades han aprobado ordenanzas por separado que regulan estos estudios.

Con esta regulación municipal los plazos para obtener la aprobación de estos estudios suben de 90 a 180 días, se exige planes de monitoreo posteriores a las edificaciones y cuando entra en operación hasta un año después.

Además las municipalidades multa con 0.5% del valor del proyecto si no se presnte un estudio del monitoreo y se da un silencio administrativo negativo sin fundamento legal.