Fuentes del Ejecutivo advirtieron que más de S/ 700 millones en pérdidas podría tener el Estado si el Poder Judicial fallara a favor de las empresas Telefónica del Perú (Movistar) y América Móvil (Claro), tras las controversias sostenidas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ante el 24avo y 25avo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, respectivamente.
Las decisiones que estarían por tomarse próximamente, hacen referencia a las oposiciones a las medidas cautelares obtenidas por la procuraduría del MTC, en reclamo al cobro del canon que las empresas de telefonía han dejado de pagar por el uso del espectro radioeléctrico.
La decisión de no pagar obedece a que el Indecopi declaró que la metodología de cálculo del canon se trata de una barrera burocrática, decisión a la cual se acogieron las empresas de telecomunicaciones.
Así, en el caso de Movistar, son S/ 293 millones los que debería pagar por el canon de los años 2015 y 2016 si el fallo judicial no es favorable; mientras que Claro tiene un pago pendiente de S/ 69 millones por el año 2016.
Fuente del Estado consideran que, si los juzgados declaren sin efecto las medidas cautelares dictadas a favor de ellos, en esa eventualidad el perjuicio económico al Estado se extendería a los montos ya pagados por el canon desde el año 2012, que suman aproximadamente S/ 700 millones.
Canon controversial
Según se supo, de uno de los agentes de mercado, es que el cálculo de la metodología del canon por el uso del espectro radioeléctrico, es el punto de controversia.
Así, inicialmente el canon se establecía por el número de línea, pero este modelo se modificó en un acuerdo entre el MTC y los operadores (Movistar y Claro). Sin embargo, el MTC retomó el primer esquema y este sería el inicio de la controversia entre las partes, pues los operadores consideraron que se trata de una barrera burocrática, pedido que fue acogido por el Indecopi.
En medio de este debate interno de medidas cautelares entre la procuraduría del MTC y los abogados de Movistar y Claro, se estableció no dar a conocer públicamente el tema, sino resolver la controversia de manera interna.
Parte de la posición de agentes de mercado es que el número de línea ya es muy elevado, por lo que la aplicación del canon afectaría las inversiones de las empresas de telecomunicaciones.
