(Bloomberg) El consejo del Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo lo correcto al reafirmar su plena confianza en Christine Lagarde como directora gerente de la institución a pesar de haber sido condenada por negligencia por un tribunal en París el lunes.

Lagarde ha hecho un buen trabajo como responsable de una de las instituciones multilaterales más importantes del mundo.

Pero a los representantes de los países que gobiernan el FMI les queda por hacer. Deberían tomarse estos problemas legales más recientes como una oportunidad para modernizar un proceso de selección anticuado y feudal.

La sentencia del lunes contra Lagarde está relacionada con la gestión de una disputa de negocios que se remonta a casi una década, cuando era ministra de Economía de Francia.

El tribunal consideró que no había hecho lo suficiente para recabar información sobre el conflicto entre un empresario y el banco Crédit Lyonnais -anteriormente controlado por el Estado- en la venta de Adidas en 1993 y, por consiguiente, socavó una valoración adecuada sobre si el desacuerdo debía ir a arbitraje. No obstante, el tribunal no impuso ninguna sanción económica ni dictó sentencia de cárcel.

No es la primera vez que un director del FMI se ha enfrentado a problemas legales. Los dos antecesores más inmediatos de Lagarde, Rodrigo Rato, quien ocupó el cargo entre el 2004 y 2007, y Dominique Strauss-Kahn, que lideró la organización entre el 2007 y 2011, se vieron implicados en complejos procesos judiciales.

Los bochornos resultantes coinciden con el inicio de nombramientos por parte del FMI de cargos políticos para ocupar el principal cargo de la dirección, que reemplazaron a una larga serie de tecnócratas que habían controlado la dirección gerencial desde su fundación en 1944. Entre ellos, Per Jacobsson, Pierre-Paul Schweitzer, Johannes Witteveen, Jacques de Larosière y Michel Camdessus.

El caso Lagarde podría aumentar los dilatados problemas de credibilidad a los que se enfrenta una institución cuyos países miembros, dirigidos por las economías más desarrolladas, han sido demasiado tímidos para reformar elementos clave de su gobernanza, en particular los que tienen que ver con la representación.

El poder de votación en el consejo todavía favorece a las economías avanzadas, y en particular a Europa; la posición de director gerente es todavía, de facto, reservada a un europeo; otros nombramientos de altos cargos de la gestión siguen estando influenciados por consideraciones de nacionalidad; y las interacciones de los países todavía se ven como una falta de imparcialidad, sobre todo cuando se trata de países en desarrollo.

La anticuada naturaleza de la gobernanza del FMI es aún más difícil de defender en el contexto de la publicidad en torno a los reiterados problemas legales de los directores gerentes más recientes.

Aun así, el consejo tiene buenas razones para mantener a Lagarde a pesar de su condena. Ha sido muy efectiva, apreciada y admirada, y ha mejorado significativamente la reputación externa del FMI y ha estrechado relaciones importantes. Además, la ausencia de penas en la condena del lunes suavizó la mordida que supuso la decisión.

Si el consejo hubiera optado por un nuevo director, tendría que haber recurrido a lo que todavía es un proceso de selección deficiente. Concretamente, está demasiado centrado en la nacionalidad y no se basa en el mérito de forma suficiente; implica acuerdos hechos en la trastienda y un tira y afloja entre un pequeño grupo de países; está más influenciado por la defensa del prestigio nacional que por la adherencia a una descripción bien elaborada del trabajo; y la forma en la que se lleva a cabo erosiona la necesaria diligencia debida.

Resumiendo, es obsoleto, sesgado, y le falta legitimidad, inclusividad, transparencia y, por consiguiente, credibilidad.

Por ello, el consejo del FMI debería aprovechar esta oportunidad para ir más allá de reafirmar su plan confianza en el liderazgo de Lagarde.

También debería encaminarse decisivamente hacia la creación de un proceso de selección que esté genuinamente abierto a todas las nacionalidades y se base en el mérito, que permita una mayor debida diligencia por un comité equilibrado internacionalmente y creíble, y que implique un voto final justo por parte de los países miembros.

Sin todo ello, el FMI corre el riesgo de que su credibilidad sufra otro revés, y por tanto perjudique a su tan necesaria contribución a la coordinación de políticas y bienestar mundiales, así como a su papel como asesor de confianza a las autoridades nacionales.