En el marco de la reunión internacional de la COP20, los ministros de Agricultura y Riego, Vivienda, Producción y Desarrollo e Inclusión Social suscribieron esta tarde en alianza con empresas y organizaciones de la sociedad civil, “el Pacto Nacional por la Madera Legal” a fin que al año 2021 la madera producida a nivel nacional sea únicamente de origen legal.

El acuerdo fue firmado en el Pabellón de los Bosques de la Feria de Voces por el Clima por los titulares del Minagri, Juan Manuel Benites; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse; de Producción, Piero Ghezzi; y de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, así como representantes de organizaciones indígenas, el sector financiero y la sociedad civil.

Los firmantes del pacto tienen como meta diseñar y ejecutar una estrategia que servirá de guía para productores, vendedores, compradores intermedios, transformadores y consumidores finales dedicados a la venta, procesamiento, y distribución, adquieran madera exclusivamente de procedencia legal verificada.

El ministro Juan Benites expresó que con esta medida el Estado ratifica su compromiso de impulsar el consumo de madera legal, por medio de la aplicación de políticas de incentivos al manejo forestal sostenible y la reforestación, así como desincentivos a la compra de madera ilegal.

“Todas estas acciones representan incentivos concretos a la empresa privada para establecer y ejecutar políticas de compras responsables, que obliguen a productores a demostrar que la madera proviene de fuentes legales”, señaló el ministro.

Dijo que a partir del presente acuerdo, los productores y extractores de madera estarán motivados por precio, mercado y apoyo estatal a producir o extraer solo madera bajo las leyes y estándares nacionales, “lo que contribuirá también a cuidar nuestros bosques”.

“También sector financiero apoyará las iniciativas de aquellos productores y compradores que sólo quieran trabajar con madera legal de bosques naturales manejados o plantaciones forestales, que son mecanismos efectivos de una gestión sostenible de los bosques”, acotó.

Los participantes del pacto también tienen previsto desarrollar un protocolo guía para asegurar que bajo un proceso escalonado al año 2,021, toda la madera nacional que se consuma en el país, provenga de fuentes legales lo que coadyuvará a combatir el tráfico ilícito de recursos forestales.

“Hacer de nuestra agricultura una actividad viable y amigable con el ambiente, es el reto de todos nosotros y ahí nos comprometemos a tomar las acciones necesarias para ser creativos, innovadores, identificar oportunidades de mejora en todo lo que hacemos y lograr cerrar esa brecha de eficiencia”, acotó Benites.

Indicó que con dichas acciones se busca darle valor a nuestros bosques, desarrollar las actividades de reforestación y las plantaciones forestales como generadoras de trabajo y mejora de vida para los pobladores, y que contribuirán de modo decidido a luchar contra el cambio climático.

El Perú ocupa ahora el décimo lugar en el ranking de los países con mayor extensión de bosques en el mundo con 70 millones de hectáreas, tomando en cuenta que más del 50 por ciento del territorio nacional está cubierto por áreas boscosas, principalmente concentrada en la Amazonía.

Al pacto también se sumaron los Ministerios de Relaciones Exteriores, Mincetur, Minam, Serfor, Citemadera, Alto Comisionado contra la Tala Ilegal, Conap, Conservación Internacional, Aidesep y otras entidades y organizaciones del sector público, privado y la sociedad civil.