En momentos que la desgracia nacional necesita de ingentes recursos fiscales para la reconstrucción, resulta que tenemos un déficit fiscal programado de alrededor de 2 puntos (la recaudación tributaria cayó en 4.9% en el primer bimestre del año: S/ 573 millones menos que en ese periodo del 2016) y queremos echar mano del Fondo de Estabilización Fiscal, mientras que existen medidas más reactivadoras y que ayudarían a que las regiones aceleren su recuperación y disminuyan los conflictos sociales contra el Gobierno central.
En el cuadro que acompaña esta nota se tiene un comparativo del total de recaudación por canon, regalías, y derecho de vigencia en el sector minero.
Como podemos observar, el total de lo que será repartido en el año 2017 a las regiones, provincias y distritos a nivel nacional es S/ 2,491’919,942 (por debajo del promedio de la década 2007-2016, es decir, S/ 4,288’909,601) lo que significa un 16.8% menos con respecto al 2016, que ya fue un mal año.
Se ha disminuido a S/ 1,496’824,679 el canon (promedio de la década: S/ 3,595’115,037), aumentado la regalía a S/ 537,891,545 (promedio de la década: S/788’497,172) y disminuido el derecho de vigencia a S/ 206’598,091 (promedio S/ 155’903,018). Esto ha significado un 33.7% menos en canon, un aumento de 49.5% en derechos de vigencia y una disminución de 0.6% en derechos de vigencia. Recordamos al lector que el canon es la transferencia más importante dentro del total de transferencias por minería.
Durante la campaña del 2011 los sabios promotores de la “Gran Transformación” dijeron que había que aprovechar el boom minero para sacarle más rentas para el Estado. Sin embargo, los resultados han sido muy pobres y se han destruido los Fondos de Desarrollo Social.
Si se revisan las cifras la recaudación total minera por pagos extras al Impuesto a la Renta, se verá que se han ido reduciendo de S/ 1,967,710 (2011), S/ 1,667,730 (2013), S/ 1,557,170 (2014), S/ 1,103,200 (2015) y S/ 1,063,270 (2016). Los nuevos impuestos, vale decir, Impuesto Especial a la Minería recaudó S/ 1,654,000 millones en el quinquenio mientras que el Gravamen Especial a la Minería S/ 2,867,540 millones.
Recordemos que todo este dinero fue al Tesoro Público. Los promotores de esta idea nunca se dieron cuenta que era contraproducente en un mundo con precios de metales a la baja y una disminución de atractivo de inversión en el país.
Es por ello que afirmamos que se destruyó los Fondos de Desarrollo Social; que era un lugar de encuentro donde se decidía, a través de directorios conformados por la empresa, gobiernos regionales, gobiernos provinciales y distritales, qué hacer con el aporte adicional del 3.75% de la utilidad bruta determinada bajo contrato con el Estado en el 2006.
Ante la disminución importante de canon minero en regiones como Áncash (24.5%), Arequipa (93.8%), Cusco (64.2%), Huancavelica (95%), Ica (55%), Lima (45.8%) Moquegua (18%), Pasco (71%), Puno (36%) y Tacna (13.6%); una medida inteligente sería derogar el Impuesto Especial a la Minería y el Gravamen Especial a la Minería, para liberar esos recursos y retomar los Fondos de Desarrollo Social, dinero que se queda en la zona y no retorna al Tesoro, vale decir, al centralismo limeño.
