El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación (Minedu), informó que en este año transfirió S/. 1,557 millones a los Gobiernos Regionales y Locales para que puedan financiar la ejecución de obras educativas a nivel nacional.

El monto transferido se distribuye en S/. 980 millones para la continuidad de obras en 525 instituciones educativas y S/. 577 millones para obras nuevas en 568 instituciones educativas dijo la entidad del Minedu.

Los S/. 1,557 millones representan cerca del doble de lo registrado durante el año 2014, cuando se entregaron S/. 836 millones a los Gobiernos Regionales y Locales para obras en 1,106 instituciones educativas.

El Pronied destacó que las obras educativas comprenden el mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa así como el equipamiento de las mismas.

El monto total de las transferencias tiene el objetivo de reducir la brecha de infraestructura educativa en las zonas rurales del país, bajo el impulso de la ejecución de inversión pública por parte de las autoridades subnacionales.

A fin de asegurar la óptima gestión de los recursos transferidos, el Pronied realizará el acompañamiento técnico, monitoreo y seguimiento de la ejecución de esta inversión a cargo de los gobiernos subnacionales.

Para efectivizar dicho monitoreo y seguimiento, los Gobiernos Regionales y Locales deberán informar al Pronied sobre los avances físicos y financieros de la ejecución de los proyectos de infraestructura que tienen a su cargo. Estos avances serán contrastados en obra por los profesionales del Pronied.

Los decretos supremos precisan que los recursos de la transferencia de partidas no podrán ser destinadas, bajo responsabilidad, a fines distintos para las cuales son transferidos.

El Pronied podrá intervenir y solicitar al Gobierno Regional o Local que atienda de inmediato cualquier problema de retraso o paralización en la ejecución de la obra con los recursos transferidos.

En caso no se resuelva el impasse generado, el Pronied podrá comunicar el problema al Órgano de Control Institucional (OCI) del municipio o gobierno regional, así como a la Contraloría General de la República para que tomen las acciones pertinentes.