Santiago (AP).- Joaquina Pereda vivió una vida cómoda. Estudió en la Universidad Católica de Chile y con su salario como profesora de matemáticas, hacía sus compras para el mes en supermercados, y compraba verduras y frutas para la semana. Salía frecuentemente con su hijo, le tenía nana cuando trabajaba, vestía bien e iba al cine.

Pero desde que se jubiló no le alcanza para comer. En ocasiones, prepara una tortilla de harina y le pone cebolla picada, le esparce orégano y le dice a su hijo, que sufre de síndrome de Down, que es una “pizza”.

“Vivo el día a día, no puedo ir a la feria, no puedo hacer las compras que hacía antes” en el supermercado, dijo Pereda, de 66 años, entre sollozos. “Nunca imaginé, ni siquiera en sueños, que esto me podía pasar”.

Tampoco tiene dinero para pagar una niñera y tiene que llevarse a su niño para todos lados. Aunque anda bien presentada, las telas de su vestuario se notan gastadas y han ido perdiendo el color original.

Pereda es una de cientos de miles de chilenos de clase media que hace 33 años, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, fueron obligados a dejar a un lado el viejo sistema de pensiones del estado y a incorporarse a un sistema privado de jubilación de capitalización individual que los ha sumido en la pobreza, el cual ha sido imitado por una treintena de naciones, incluidas Perú, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Uruguay y México.

El último sueldo de Pereda fue del equivalente a unos 1,000 dólares y aportó al sistema durante 37 años. Pero ahora la familia vive con menos de la mitad, 441 dólares: 200 que recibe como pensión de jubilación; 100 más a título de indemnización por haberse jubilado bajo el modelo que impuso la dictadura y 140 más que el estado da a los discapacitados por la enfermedad de su hijo.

El régimen prometió que las pensiones representarían hasta un 70% del último sueldo. Las cifras actuales, sin embargo, distan mucho de ese objetivo.

Rosa Retamal se pensionó en 2009 como profesora de inglés, cuando ganaba el equivalente a 1,860 dólares, y percibe una pensión de 274 dólares. “Yo realmente con este sueldo no puedo vivir”, declaró.

“Para nadie es un secreto que las pensiones no están a la altura de lo que esperarían los trabajadores y trabajadoras”, afirmó recientemente la presidenta Michelle Bachelet. “Las administradoras de fondos de pensiones han perdido credibilidad en la ciudadanía”.

Bachelet creó una comisión asesora presidencial para el sistema de pensiones, conformada por 25 personas, incluidos nueve expertos extranjeros, que en agosto deberá hacer sugerencias para mejorar el sistema.

El anterior presidente de la asociación de administradoras, Guillermo Arthur, dijo que las críticas al sistema de jubilaciones privadas “no tienen mucho asidero”.

Indicó que las empresas “han administrado los recursos de los trabajadores de una manera extraordinariamente eficiente, con una rentabilidad superior al 8%”.

“Si no se han alcanzado mejores pensiones”, sostuvo, “no se debe al funcionamiento del sistema de pensiones”, sino al bajo monto de ahorro en las cuentas individuales es por la escasez de aportes -un 10% del sueldo bruto mensual-- de los cotizantes y al aumento en las expectativas de vida de los chilenos.

La alta rentabilidad, sin embargo, no incide en el monto de la pensión.

Las administradoras calculan las pensiones según las expectativas de vida, 83 años en las mujeres y 77 en los hombres, según una tabla de la Superintendencia de Pensiones. Cuando cumplen un año más tras jubilarse, le rebajan la pensión porque se estima que vivirá más del tiempo calculado inicialmente, para que sus ahorros duren más años.

“Las personas afiliadas a las administradoras por definición recibirán malas pensiones, (porque) el dinero acumulado no tiene como objetivo pagar pensiones, sino alimentar al voraz mercado extranjero”, sostuvo la jubilada María Luz Navarrete, de 65 años, aludiendo a las inversiones en el extranjero que hacen las Administradoras.

En el antiguo sistema de reparto, las pensiones se financiaban con los aportes mensuales de los trabajadores activos —entre el 20 al 30% de sus ingresos brutos— más los aportes estatales, que iban a un fondo que financiaba las jubilaciones. Y los montos mensuales que se cobraban eran más altos que los actuales.

Ahora no solo se cobra menos, sino que una enorme cantidad de jubilados no puede seguir pagando un servicio de salud privado y ha terminado en el sistema público de salud, que atiende el 80% de los 17.8 millones de chilenos y tiene serias deficiencias, incluidas carencias de médicos, de especialistas y de camas hospitalarias.

En Chile las mujeres pueden jubilarse a partir de los 60 años y los hombres a los 65, pero no es obligatorio hacerlo a esas edades y la mayoría de los chilenos sigue trabajando para incrementar un poco sus pensiones.

El modelo vigente obliga a los trabajadores a ahorrar mensualmente un 10% de sus ingresos brutos, el que se acumula en una cuenta individual, de donde salen los fondos para pensionarse.

En la actualidad hay un período de transición en Chile, porque abundan los jubilados que hicieron aportes tanto al sistema fiscal como al privado, pero dentro de pocos años los retirados serán pensionados puros de las Administradoras.

A diciembre de 2013 las seis administradoras privadas chilenas pagaron 1.031.207 pensiones del equivalente a 310 dólares mensuales, inferior a los 364 dólares del salario mínimo, según la Fundación Sol, experta en temas de desigualdad.

“Hay quienes han cotizado toda su vida y aun así obtendrán una pensión deficiente”, dijo la presidenta Bachelet.

Quienes no han cotizado o dejaron de hacerlo, cobran un máximo de 200 dólares a través de “jubilaciones asistenciales” creadas por el primer gobierno de Bachelet, del 2006 al 2010.

Los únicos que rechazaron el modelo actual fueron los militares, que siguieron con su sistema que les permite recibir, con 30 años de antigüedad, una pensión igual a su último sueldo.

Quien no quiera jubilarse con una Administradora, cuyas pensiones fluctúan a la baja, pasan sus fondos a una compañía de seguros que le otorga una jubilación vitalicia cuyo monto mensual no varía, pero que también es baja porque su negocio es riesgoso y no se sabe cuánto vivirá el cliente.

Los problemas previsionales son mundiales. “Su origen fundamental es la mayor expectativa de vida y los sistemas han tenido que ir adecuándose”, dijo a la AP Cecilia Cifuentes, analista del conservador Instituto Libertad y Desarrollo.

Además de enfrentar el aumento en el tiempo de vida, los sistemas jubilatorios deben lidiar con la caída de la natalidad, que harán que haya menos gente aportando al sistema.

Las administradoras y el empresariado afirman que para incrementar las futuras pensiones hay que aumentar la edad de jubilación, el porcentaje de ahorro y los depósitos voluntarios.

En la mayoría de los países que importaron el modelo chileno todavía no se han visto las consecuencias porque poca gente se ha jubilado con ese sistema. En Uruguay, sin embargo, tienen desde 1996 un sistema mixto pues presiones de grandes sindicatos lograron que se abra un período para que los mayores de 40 años puedan elegir retornar al antiguo sistema de reparto ante el temor de que el nuevo sistema privado no sea eficiente.

“En los países hermanos al menos han logrado liberarse parcial o totalmente, ya que las heridas de la dictadura fueron menos profundas y lograron reponerse más rápidamente que en Chile”, dijo la jubilada Navarrete, quien llegó a ganar el equivalente a 2.460 dólares y cuya jubilación actual es de 815 dólares, con los que debe pagar su vivienda y préstamos para la educación universitaria de sus hijos.

“Dependo de una de mis hijas, la única que tiene trabajo estable, que vive conmigo y tiene un bebé”, afirmó. “El cambio fue horrible”.