El debate sobre la migración mundial se está agudizando. Hay una alarma generalizada sobre la explosión de refugiados, que alcanzó los 21,3 millones de personas en 2016, junto a la creciente preocupación por los emigrantes por motivos económicos. Hoy en día, al menos una de cada 33 personas en el planeta es emigrante internacional. Ahora más que nunca la determinación de su estatus moldea las políticas nacionales y elecciones en el mundo.

Pero existen otras emergencias migratorias que evolucionan más lentamente y que no llegan a los titulares internacionales; entre ellas, las que tienen lugar en México, en los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, Venezuela y en toda América del Sur.

Una región de inmigrantes
Hogar de 632 millones de personas, la región de América Latina y el Caribe durante mucho tiempo ha experimentado formas conectadas de migración voluntaria e involuntaria. Históricamente, los emigrantes locales e internacionales se mudaron a aglomeraciones urbanas y sus crecientes periferias. En cierto sentido, América Latina se urbanizó antes de industrializarse.

Hoy en día, con aproximadamente un 80 % de los latinoamericanos viviendo en las ciudades, la región está próxima a completar su transición del sector rural al urbano. Para 2050, el 90 % de los latinoamericanos estará viviendo en ciudades y pueblos. Mientras la migración urbana persista, los desafíos del mañana serán mucho más diversos.

Los inmigrantes y solicitantes de asilo han moldeado profundamente la política, la economía y la cultura de América Latina. La región ha presenciado olas de europeos, africanos, asiáticos y medioorientales durante los últimos siglos, ya sea como colonizadores, comerciantes, refugiados o esclavos.

Los efectos de estos movimientos poblacionales masivos fueron sísmicos: Brasil ahora cuenta con la concentración más grande de descendientes africanos fuera de África, descendientes japoneses fuera de Japón y sirios fuera de Siria. Del mismo modo, en Argentina se encuentra una de las comunidades sirio-libanesas más grandes del mundo (3,5 millones de personas).

América Latina tiene una merecida tradición en recibir refugiados. La Declaración de Cartagena sobre Refugiados firmada en 1984 es un punto de referencia en el derecho internacional. Como en otras partes del mundo, las actitudes hacia los extranjeros se están endureciendo. Los gobiernos latinoamericanos, tras todo su debate sobre fronteras abiertas y refugios para los solicitantes de asilo, están relativamente menos interesados en asumir una responsabilidad mayor de los refugiados del mundo.

Los latinoamericanos ya no reciben a los inmigrantes y refugiados como lo hacían en otra época. Al igual que en América del Norte y Europa, muchos latinoamericanos creen que ya tienen demasiados extranjeros. Una encuesta reciente de IPSOS revela que los brasileños creen que un 12 % de la población es musulmana, mientras que la cifra real no supera el 0.1 %. Las percepciones están igualmente distorsionadas en Argentina (6 % versus 1 %), Chile (8 % versus menos de 0,1 %), Colombia (7 % versus menos de 0.1 %), México (12 % versus 3.7 %) y Perú (5 % versus menos de 0.1 %).

La crisis migratoria de América Latina
Más allá de aceptar o no más emigrantes y refugiados de Medio Oriente y África, América Latina atraviesa una serie de crisis de desplazamiento poblacional entrelazado. La más espectacular de ellas está estallando en Colombia. Desde que comenzó el conflicto armado en 1964, el país ha generado alrededor de 360,000 refugiados y es sede de la población de desplazados locales más grande del mundo, se estima una cifra de 6,9 millones de personas. A pesar de un proceso de paz vacilante, a Naciones Unidas le preocupa que la situación empeore, con numerosos desplazados aún en un limbo.

Mientras tanto, la explosiva violencia criminal en Centroamérica y México ha generado niveles de desplazamiento nunca vistos desde las guerras civiles de los años 70 y 80. Los países del Triángulo del Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran entre los más violentos del mundo, cárteles y bandas que aportan 31 219 refugiados reconocidos y probablemente muchos más desplazados. Los grupos de asistencia de la región han declarado la situación una “emergencia humanitaria”.

Hay otras formas insidiosas de desplazamiento poblacional que no ocurren de manera pública. Ante una implacable crisis política y una violencia en aumento, decenas de miles de venezolanos buscan tierras más seguras en Brasil y los países de los alrededores. Solo este año, más de 5000 venezolanos reclamaron asilo en Brasil. Como resultado, Consejo Nacional de Inmigración de Brasil recientemente emitió permisos de residencia temporal. Existen señales de alarma que indican que estos números pueden aumentar aún más.

Mientras tanto, literalmente cientos de miles de mexicanos, centroamericanos y residentes del Caribe, algunos ex convictos, han sido deportados de los Estados Unidos, contribuyendo a nuevas vulnerabilidades en las áreas de retorno. En 2016, aproximadamente 240 000 personas fueron apartadas en aviones, trenes y autobuses y enviados a empacar. Muchas de estas personas carecen de los servicios de apoyo para regresar a sus comunidades. Algunas de ellas se involucran en organizaciones mafiosas o bandas criminales, lo que contribuye a un círculo vicioso de desplazamiento.

Necesitamos menos palabras y más hechos
Si bien existen muchas virtudes de la migración económica, las consecuencias y los costos humanos del desplazamiento de la población en América Latina rutinariamente se ha escondido bajo la alfombra. El foco de los gobiernos de la región parece estar más en contener que en prevenir el desplazamiento. Las audaces declaraciones de las organizaciones regionales y los gobiernos nacionales raramente están respaldadas por hechos concretos. En cambio, las respuestas a la crisis son reactivas, consisten en protección temporal y ayuda humanitaria.

La escala de estas crisis de desplazamiento invisibles requiere un nuevo pacto de los gobiernos latinoamericanos. Se necesitan respuestas concluyentes e integrales. Más favorablemente, existen signos tentativos de una creciente consciencia sobre la severidad de los desafíos. Los esfuerzos de algunos gobiernos por garantizar servicios de documentación personal rápidos y gratuitos e instalaciones de naturalización son bienvenidos. Algunos bloques regionales y gobiernos también están fortaleciendo los derechos legales al empleo así como también los esquemas público-privados para promover el acceso a los mercados laborales. Obviamente, se requieren más esfuerzos preventivos, cuanto antes.

Robert Muggah
Research Director, Igarapé Institute