El mercado negro de venta de madera extraída ilegalmente en el Perú ha aumentado en grandes proporciones, tanto como la minería ilegal, debido a la falta de una mejor fiscalización preventiva en la comercialización de este producto, señaló Eduardo Herrera, abogado penalista del Estudio Linares.

“El mercado negro de la madera ha aumentado, así como ha aumentado la minería ilegal y eso es precisamente porque hay permisiones no legales. El tema legal está ahí, está perfecta y todo está muy bien, el asunto es más bien una cuestión de actitud, de una cultura de prevención que tiene que guardarse en ese tipo de casos”, comentó a Gestion.pe.

Indicó que el mercado negro de la madera ilegal ha aumentado en grandes proporciones pero eso no se siente mucho, ya que el 70% del territorio del Perú está formando por bosques

“El impacto no es grande hasta que la prensa interviene y señala el problema, entonces ahí se toma una medida de una semana o dos semanas y el tema vuelve a desaparecer porque eso va a pasar”, anotó.

El especialista penal en temas forestales refirió que para una mejor lucha contra la tala ilegal en el Perú lo que se debe mejorar es el control adecuado de las concesiones forestales, ya que algunos adjudicatarios “sacan la vuelta” a la ley y se van a explotar madera a zonas cercanas.

Si bien reconoció la buena labor que realiza el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), explicó que dicha entidad afronta muchas limitaciones no solo económicas sino también territoriales para realizar la fiscalización del sector forestal.

“Son espacios inhóspitos, vírgenes a los que no se puede llegar fácilmente, entonces ahí hay una primera limitación pero cuando se hace el proceso de tala, se hace para una finalidad que es vender la madera y allí es donde se puede intervenir con mayor precisión porque la madera tiene que comercializarse y eso no se hace en otro lugar que no sea en la ciudad”, aseveró.

Herrera indicó que el Código Penal establece pena privativa de libertad de tres a seis años para los casos de tala ilegal y si bien es una “pena mediana” resulta bastante adecuada pero no funciona si no se fiscaliza adecuadamente el mercado negro de la madera.

“Pero estas personas tienen bastantes recursos económicos para afrontar adecuadamente un sistema de justicia que es proclive, en muchos casos, a la corrupción y entonces no llegan las sentencias, no se condena a nadie ¿cuál es el mensaje de todo esto? pues que hay impunidad”, subrayó.

En ese sentido, consideró importante que el sistema de administración de justicia funcione a la par con el sistema administrativo de prevención.

Mencionó que un primer problema a resolver es la injerencia de dos ministerios en el sector, uno es el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a través del Osinfor, y el otro es el Ministerio del Ambiente (Minam) con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), pero ambos no necesariamente “trabajan a la par”.

“Si realmente queremos que esto (la lucha contra la tala ilegal) funcione tenemos que poner más esfuerzo en la prevención, es decir en la fiscalización, entonces hay que meterle fuerza al Osinfor, al OEFA, a los fiscales, y claramente a los mecanismos de control de la comercialización de la madera”, concluyó.