En un comunicado de prensa, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) negó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María contenga información que no puede ser verificada, o que este documento haya sido elaborado sin la participación de la población, como manda la ley.

Menciona, como ejemplo, que la planta desalinizadora que la empresa Southern se ha comprometido instalar en la zona para procesar el agua que usará en las operaciones mineras de Tía María, “forma parte del EIA”, y asegura “que podrá ser fiscalizada, en su momento, por los órganos competentes, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o la Dirección General de Guarda Costas (DICAPI)”.

El MEM también asegura que el EIA detalla, en su Capítulo VI, el manejo ambiental que dará a los desechos contaminantes que genere el incremento de la extracción del mineral en Tía María. Afirma que este plan “fue enriquecido con los aportes del MEM, las autoridades opinantes y la población”.

Respecto a los puntos desde donde se monitoreará la de calidad del aire, ubicados a 5.5 y 11 kilómetros de los tajos del proyecto, el Ministerio informó que ha solicitado a Southern que instale otros tres puntos a la red. El primero, en la zona urbana de Cocachacra (a 5 km del tajo “La Tapada”); el segundo, en el área de cultivos de La Ensenada (a 11 km del tajo “La Tapada”) y el tercero, en el cerro “La Cumbre”.

Finalmente, aclara que el EIA del proyecto Tía María aplicó normas nacionales y no internacionales para verificar la calidad de las aguas subterráneas, porque el proyecto no se abastece de ese tipo de agua subterránea y que tiene características de aguas fósiles, precisó finalmente.