Estoy marcado por los 70, la facilidad con la que en esa década, comenzando con el Gobierno de Fernando Belaunde, creció la deuda pública para pagar megaproyectos.

Alegremente, nos contaron el cuento que el país iba a crecer y salir de la pobreza gracias al endeudamiento externo, y cuál fue el resultado: la pobreza explosionó.

Hoy día es lo mismo, nos endeudamos con los megaproyectos: las interoceánicas, la Línea 2 del Metro, la modernización de la refinería de Talara y, actualmente, se habla de un tren bala por la costa; estamos jugando con el futuro del país.

Si bien algunos megaproyectos son importantes, tengo una opinión negativa de muchas de estas megaobras, respecto a si se debieron o no ejecutar y hay que verlas con mucho cuidado. Mil veces más importante que un proyecto, es la estabilidad macroeconómica del país, porque eso nos lleva a la estabilidad política.

Procesos direccionados
Es demasiado fácil que al final de la licitación de un megaproyecto se acabe con un sobre único. Con contratos de 1,500 páginas, el proceso de licitación se va direccionando de tal forma que se separa (a unos postores de otros) y al final queda uno sólo, lo cual es grave.

Falta institucionalidad en el Estado para evaluar estos proyectos de manera transparente y priorizar técnicamente; al no haber institucionalidad,
no hay contrapeso que pueda parar al político que lo que más le seduce es
gastar el dinero de los contribuyentes y construir su pirámide.

En esto también debe haber un mea culpa del sector privado, que es el “ayayero” de los megaproyectos, y que a través de sus asociaciones, como AFIN, pide a gritos que el país se endeude, que abra la billetera y empiece la farra para evitar que caigamos en recesión, pero esos son cantos de sirena a los que
hay que decirles no.

El SNIP y la rentabilidad social
Para evaluar las megaobras, el SNIP no ha servido en lo absoluto. Cuando el presidente de la República o cualquier Gobierno decide poner en marcha un proyecto, al evaluarse en el SNIP le ponen la etiqueta de que tiene rentabilidad social, pero eso es un cajón de sastre, donde incluyen todo lo que quieren, pero no hay una metodología para determinar tal rentabilidad.

Para enfrentar esta situación, ha llegado el momento de tener un sistema de planificación de inversiones en infraestructura, bajo una autoridad donde no haya intromisión política, donde cualquier cambio en su composición requiera dos tercios del Congreso. Allí vamos a tener un SNIP que funcione.

Ningún político debe inaugurar obras
Una medida saludable para enfrentar la intrusión política es que se establezca que ningún político pueda inaugurar obras públicas. En ningún país decente y desarrollado se ve al presidente o ministro cortando cintas, ni entregando
carreteras.

En cuanto al tema de la corrupción, cuando se califica qué empresas participan en los proyectos, debe ser como la frase que dice “la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”. Me molesta que las empresas que han cometido delitos en Brasil sean las que han ganado, en muchos casos, los megaproyectos en el Perú y que sigan actuando en el país.

Se debe seguir el ejemplo de países que no permiten que una empresa que comete corrupción en el extranjero opere en el país.

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