Gestión juntó a cuatro especialistas en APP, quienes coinciden en que aún se requieren hacer ajustes a este esquema. Presión política y desorden, que son las características que han tenido estos proyectos, deberían cambiarse por decisiones técnicas y un mejor ordenamiento normativo.

José Gallardo, exministro de transportes
Las APP están en su momento inicial, deben probar si son válidas

En el caso de las APP, yo las situaría en el momento inicial; son más como una opción que va a tener que probar si es válida. No se puede decir que es como en el caso de las otras concesiones de servicios o de la inversión pública que ya tienen un momento de madurez y que ya nos han dado logros.

Se están poniendo los ojos en donde se tienen que poner, en fortalecer los mecanismos de regulación, de control, de capacitación, de aprendizaje. De repente, cuando miremos esto dentro de 10 o 15 años, podremos decir, como en los otros dos casos, que el balance es positivo.

El control fiscal en los proyectos es clave. Se deben incluir en los planes multianuales a las iniciativas privadas cofinanciadas (IPC) para evitar riesgos.

Manuel Romero Caro, economista
La presión y el apuro les restan calidad a los megaproyectos

En los megaproyectos de los últimos 20 años hay más características negativas que positivas.

Una característica negativa, que es la madre de todos los problemas, es la presión, el apuro, el hacer que se quemen etapas. Puedes tener las mejores leyes del mundo, pero no sirven si te las saltas con un decreto de urgencia o declarando un proyecto como prioridad nacional. Esto vino acompañado de una fuerte presión gremial, empresarial y mediática, como los famosos estudios de cierre de brechas de infraestructura que muestran que por más que nadáramos, la orilla se alejaba y siempre estábamos atrás.

El resultado de esto es muy simple. Se disminuyó la calidad y se aumentó la cantidad de proyectos.

Édgar Alarcón, contralor de la república
Mayoría de grandes proyectos se trabajaron por el lado político

No tenemos claro cómo conceptualizar un megaproyecto. En Contraloría consideramos a cualquier obra, sin importar su modalidad, que sea mayor a S/ 100 millones. Pero el MEF y ProInversión tienen otros conceptos, no hay un orden.

Las grandes obras no han tenido una priorización clara. Se ha trabajado la mayoría por el lado político, no se ha evaluado claramente el aspecto técnico de los proyectos ni la rentabilidad social.

Eso llevó a que en el proceso de contratación y ejecución surjan una serie de problemas, y el principal ha sido las modificaciones a los contratos, propias de no tener los elementos de base claros. La Contraloría está dispuesta más que a fiscalizar, a acompañar la ejecución de los proyectos en el país.

Miguel Sánchez-Moreno, socio estudio rosselló
El marco legal de las APP en el Perú se dio recién en el 2008

Si hacemos un recuento rápido de la evolución del marco legal en estos megaproyectos, recién se habla de APP en el Perú a partir del año 2008, antes de eso no se hablaba de este tipo de proyectos, pero sí se ejecutaban.

Proyectos con cofinanciamiento como Olmos e IIRSA hicieron que el MEF tome un rol más protagónico y decida cambiar la norma para regular las APP.

Recién ahora están terminando de dictar una serie de directivas y lineamientos para que funcione la normativa, porque el tema de megaproyectos y APP no es exclusivo del Gobierno nacional, también los gobiernos regionales y locales tienen un papel preponderante, pero aún no se mira lo que hacen.