Con el objetivo de velar por el uso adecuado de los recursos públicos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anuncia que ha puesto en marcha un proceso de reorganización, que durará 90 días calendario, del Sistema de Adquisiciones del Estado para reforzar la eficiencia y transparencia de los organismos que lo componen.
“Al asumir esta gestión se identificaron vacíos en el sistema de compras del Estado que nos motivaron incluir en el pedido de facultades legislativas la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado”, dijo el MEF en un comunicado.
Indicó que en el caso específico del Catálogo Electrónico que actualmente administra Perú Compras, se ha detectado que los controles para la selección de proveedores no eran adecuados, según buenas prácticas de eficiencia, transparencia y combate a la corrupción.
En ese sentido, uno de los primeros acuerdos para enmendar esta situación ha sido incorporar tres elementos a las compras por catálogo:
1. Sustentar en un informe la elección del proveedor sobre la base del costo total del bien o servicio.
2. Transparentar la decisión publicando el informe en el SEACE.
3. Poner topes hasta los 400 mil soles a las compras por catálogo, con excepción de los bienes de ayuda humanitaria.
Asimismo, el MEF adelantó que para fortalecer la capacidad normativa y supervisora del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) se tomará una serie de acciones para la mejora del sistema.
Entre esas acciones figura que se evaluará la normativa, implementará una plataforma tecnológica moderna para optimizar la supervisión y la transparencia en la adquisición de bienes y servicios, así como la optimización del Registro Nacional de Proveedores y la difusión de las mejores prácticas de gestión en las contrataciones.
“Adicionalmente, es necesario tomar acciones más drásticas y estructurales, por lo que para ese fin se declara en reorganización la Central de Compras Públicas – Perú Compras y la OSCE”, subrayó.
Explicó que la reorganización del sistema de contrataciones públicas tiene como objetivo blindarlo frente a posibles actos que perjudiquen al Estado y para ello, estamos trabajando coordinadamente con la Contraloría General de la República.
