La posible cancelación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, sacaría a casi 700,000 personas de la fuerza laboral, un costo de US$ 460,000 millones en el PIB en la próxima década, según un estudio divulgado hoy.
Incluso si Trump optara por no permitir la renovación de los permisos actuales de dos años una vez que estos expiren, aunque sea por un corto periodo, tendría “consecuencias devastadoras” para los jóvenes, declaró en teleconferencia Todd Schulte, presidente de la organización empresarial FWD.us.
El estudio indica que la pérdida de empleos debido a la anulación de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) comenzaría inmediatamente y se mantendría hasta que todos los “soñadores” sean despedidos, ya sea automáticamente o en un plazo máximo de dos años.
Bajo este segundo supuesto, durante la primera semana habría más de 6.000 despidos de jóvenes indocumentados, que irían en aumento hasta llegar a 11,000 semanales, o uno cada 13 segundos, en el tercer trimestre de 2018.
Si esto sucediera, Schulte estimó que en los próximos dos años habría unos 1,400 despidos diarios por la pérdida de protección de los “soñadores”.
Tom Jawetz, vicepresidente del Center for American Progress (CAP), dijo por su parte que esos “jóvenes quedarán totalmente desprotegidos, sin saber cómo proceder con sus vidas”.
Jawetz advirtió que si son eliminados de la fuerza laboral el impacto se sentirá en el Producto Interior Bruto, con pérdidas de 460.000 millones de dólares en una década.
“DACA funciona, ha transformado la vida de casi 800.000 personas y funciona para todos, incluyendo los empleadores”, afirmó Schulte en una teleconferencia convocada ante los rumores de que Trump podría anunciar esta misma semana su decisión sobre el futuro de la orden ejecutiva aprobada en 2012 por su antecesor, Barack Obama.
Durante la campaña electoral, Trump prometió acabar con ese plan, aunque posteriormente reconoció que ese “es uno de los temas más difíciles” con los que se enfrenta en su Presidencia y aseguró que lo encarará “con corazón”, sin dar más detalles.
Pero entonces diez fiscales generales republicanos y el gobernador de Idaho, Butch Otter, amenazaron con demandar al presidente si este no elimina DACA antes del 5 de septiembre, por lo que el programa podría ser puesto en suspenso por un juez federal o ser cancelado por Trump.
El estudio señala que desde que Trump asumió la Presidencia en enero pasado, unos 200,000 jóvenes renovaron por dos años su estatus migratorio, que supone además un permiso de trabajo.
“DACA los salvó de las deportaciones, pero también les permitió estudiar e incorporarse a la fuerza laboral”, dijo Schulte.
David Bier, analista del Cato Institute, que también participó en el estudio, destacó por su parte el “costo innecesario” que tendrán que asumir los empleadores para reemplazar a los trabajadores despedidos, estimado en 2.000 millones de dólares en dos años.
“Y todo por el despido de empleados productivos, por la única razón de un cambio arbitrario en la política federal”, señaló.
